Diputados y un senador del Biobío solicitaron antecedentes y eventuales investigaciones tras una denuncia ante Contraloría contra la seremi Camila Álvarez. Gastón Saavedra indicó que la autoridad “tiene que dar el paso al costado”.
Lo que debes saber
• Parlamentarios oficiaron al Ministerio exigiendo transparentar bitácoras tras la denuncia en Contraloría contra la seremi Camila Álvarez.
• La autoridad es cuestionada por el presunto mal uso de un vehículo fiscal, el manejo de redes sociales y la situación de su jefe de gabinete.
• Mientras el senador Gastón Saavedra exigió su renuncia, la seremi aseguró estar tranquila y a la espera de una notificación formal.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer todos los detalles.
Congresistas del Biobío solicitaron investigaciones y antecedentes tras la denuncia presentada ante Contraloría contra la seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Álvarez, por un eventual uso de un vehículo fiscal para actividades personales y otros cuestionamientos vinculados a redes sociales institucionales y al desempeño de funciones de una jefatura de gabinete.
En tanto, la seremi del Trabajo respondió sobre la denuncia y dijo que “estamos muy tranquilos, no hemos recibido todavía la denuncia formal, sin embargo, al momento de recibirla, vamos a responder cada una de las indicaciones que en dicha denuncia”.
Consultada por el hecho sobre el que se le acusa, la autoridad respondió que “no hemos recibido ninguna denuncia; en caso de recibirla, vamos a responder a través de los canales formales y a través de la autoridad, que es lo que corresponde”.
El diputado Patricio Briones, representante del Distrito 20, ofició al Ministerio del Trabajo para conocer si se inició una investigación administrativa, solicitar las bitácoras y registros del vehículo involucrado y determinar si existió algún perjuicio fiscal. También pidió que los antecedentes sean remitidos a la Contraloría Regional del Biobío.
“Cuando aparecen antecedentes que involucran el posible uso de bienes públicos para fines personales, nuestro deber es fiscalizar hasta despejar completamente las dudas. Aquí no corresponde adelantar culpabilidades, pero sí exigir que se entreguen las bitácoras, autorizaciones y todos los documentos necesarios para establecer qué ocurrió y si existió o no un uso indebido de recursos fiscales”, sostuvo Briones.
El diputado Roberto Arroyo, también del Distrito 20, planteó la necesidad de una investigación objetiva.
“La gente espera que quienes administramos o fiscalizamos recursos públicos tengamos un estándar especialmente alto. No podemos normalizar ninguna duda sobre el uso de vehículos, personal o plataformas institucionales. Si las actuaciones estuvieron ajustadas a la normativa, corresponde demostrarlo con antecedentes; y si hubo responsabilidades, tendrán que determinarse y aplicarse las medidas que correspondan”.
Por su parte, la diputada Lilian Betancurt, representante del Distrito 21, afirmó que “la probidad no puede depender del cargo ni del sector político de una autoridad. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y deben utilizarse exclusivamente para fines públicos”.
“Por eso esperamos que el Ministerio y la Contraloría investiguen con rapidez, transparencia y sin ningún tipo de privilegio”, agregó.
Vale mencionar que la denuncia señala que el vehículo fiscal habría sido utilizado para traslados a un café y a un establecimiento de salud antes de actividades oficiales.
También cuestiona un eventual uso de redes sociales de la Seremi para favorecer a una parlamentaria y el desempeño de funciones de una jefatura de gabinete sin un vínculo jurídico vigente durante abril.
Desde la oposición, el diputado José Antonio Rivas también ofició a la Seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío para solicitar información sobre el uso de vehículos fiscales, la situación contractual del jefe de gabinete y la administración de las redes sociales institucionales.
“No me corresponde determinar si aquí hubo o no una irregularidad. Eso tendrá que establecerlo Contraloría. Pero sí me corresponde fiscalizar y exigir que cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos, los antecedentes estén sobre la mesa”, señaló Rivas.
El parlamentario solicitó las bitácoras, hojas de ruta y registros de los vehículos fiscales correspondientes a abril, mayo y junio de 2026, además de los antecedentes de desplazamientos mencionados en la denuncia, entre ellos uno realizado el 8 de mayo al sector de Plaza Independencia de Concepción y otro al Sanatorio Alemán.
Así, también pidió esclarecer desde qué fecha comenzó efectivamente a ejercer funciones el jefe de gabinete, conocer sus contratos y determinar si participó en actividades oficiales antes de contar con un vínculo contractual vigente.
Sobre las redes sociales institucionales, Rivas solicitó identificar a quienes administraron las cuentas durante 2026, conocer los protocolos aplicables y las medidas adoptadas para garantizar la prescindencia política.
“Los vehículos, las redes institucionales y los recursos de una Seremi no pertenecen a una autoridad ni a un Gobierno de turno. Son recursos de todos los chilenos y, precisamente por eso, su utilización tiene que ser completamente transparente”, enfatizó.
A diferencia de los parlamentarios que solicitaron antecedentes e investigaciones, el senador Gastón Saavedra pidió directamente la salida de la seremi del Trabajo del Biobío.
“Cuando un funcionario público que representa a un Gobierno que nos prometió probidad, que prometió confianza, falta a eso, tiene que asumir la disciplina que tiene que existir”, sostuvo.
El senador afirmó que “la seremi del Trabajo de la Región del Biobío, que ocupó el auto para actividades que no tienen que ver con la prestación de sus servicios, tiene que dar el paso al costado”.
Saavedra agregó que “si otros seremis que incumplieron tuvieron que salir, acá tiene que aplicarse el mismo criterio. La probidad se demuestra con hechos y, cuando se transgreden las reglas, corresponde asumir las consecuencias”.