Un informe del ente contralor reveló el pago millonario por un inmueble sin funcionamiento por más de 20 meses, cobros excesivos en corretaje y la falta de autorizaciones clave de los ministerios de Salud y Educación.
Lo que debes saber
• Contraloría detectó $192 millones pagados en 23 meses por el arriendo no utilizado de una sala cuna para el HGGB, contrato que además no contaba con la autorización requerida de la Dipres.
• El ente contralor solicitó restituir $4 millones por cobro excesivo en corretaje y sumó dicha anomalía a un sumario, mientras se constató que la sala cuna previa operó sin permiso de Educación.
• El nuevo inmueble arrendado no registra recepciones de obras ni permisos sanitarios y educativos vigentes, por lo que CGR exigió acreditar su idoneidad.
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La Contraloría General de la República (CGR) realizó una investigación especial por anomalías detectadas en el contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a la sala cuna del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB), el cual estuvo 23 meses sin utilizarse para dicho fin, pese a que durante ese periodo se desembolsaron $192 millones de las arcas del recinto asistencial.
En primer lugar, se constató que, a la fecha de la suscripción, el contrato de arriendo de la propiedad ubicada en el Barrio Universitario de Concepción no contaba con la autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Del mismo modo, se verificó una demora de 19 meses en el uso del inmueble arrendado para los fines previstos, como asimismo un retraso en efectuar las reparaciones menores. Además, se comprobó el pago del arriendo mensual por 23 meses, equivalente a la cantidad de $192 millones 476 mil, sin que dicho inmueble haya sido utilizado para funcionar como sala cuna.
Si bien el director del HGGB, Claudio Baeza, ordenó en enero de 2026 la instrucción de un proceso sumarial para investigar el pago mensual del inmueble y su no funcionamiento, la Contraloría dispuso sumar a dicho proceso el pago en exceso de la comisión por el servicio de corretaje por un total $4 millones 20 mil. Asimismo, el ente fiscalizador requirió al servicio de salud gestionar la restitución del monto en cuestión, atendiendo a que en la cotización se estableció que la comisión alcanzaba solo el 50% del canon de arriendo.
Otra arista que también detectó Contraloría es que se verificó que la Sala Cuna Alondra del recinto asistenciaL, mientras operó en el Barrio Universitario hasta el 14 de noviembre de 2025, no contaba con la autorización de la Seremi de Educación de la Región del Biobío para su funcionamiento.
En el mismo informe, al que tuvo acceso Diario Concepción, se constató que el nuevo inmueble arrendado para el funcionamiento del espacio educacional presenta ampliaciones y modificaciones no subsanadas ante la Dirección de Obras Municipales de la ciudad penquista. Por ello, se solicitaron los antecedentes técnicos para comprobar que el recinto puede utilizarse para fines educativos.
La Contraloría verificó, además, que el nuevo espacio arrendado no cuenta con informe ni autorización sanitaria, por lo que solicitó al HGGB continuar con la tramitación de los permisos informados en su respuesta ante la Seremi de Salud de la Región del Biobío, referentes a la autorización de funcionamiento de las instalaciones de alimentos, el informe sanitario y el registro de la caldera.
Al mismo tiempo, se constató que el lugar arrendado por el recinto asistencial penquista tampoco cuenta con la autorización de la Seremi de Educación del Biobío para su operación.