La iniciativa, ingresada al Congreso tras ser anunciada en la Cuenta Pública 2026, propone crear un registro nacional para personas condenadas o sancionadas por actos vandálicos e incivilidades, estableciendo restricciones de acceso a subsidios, becas, beneficios estatales y otros programas públicos.

Según datos de la Contraloría General de la República, entre las comunas que registran más casos están Concepción, Hualpén, Chiguayante y Talcahuano.

Diputados y senadores aprobaron una vez más el Estado de Excepción para la Macrozona Sur, medida presentada por el Ejecutivo.

Si bien el modelo copia la idea de crear un Fondo de Sala Cuna del gobierno anterior, la actual administración modifica la forma de financiamiento sin cargo adicional a los empleadores, pero descontando un 0,35% de las cotizaciones del seguro de cesantía que paga el empleador.