La iniciativa considera la prohibición de porte y tenencia de armas para personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, incorpora nuevas medidas cautelares y faculta a los jueces para acceder a registros de armas con el fin de evaluar riesgos para las víctimas.
La Tesorería General de la República aseguró que la deuda tributaria superior a \$30 mil millones declarada prescrita correspondía a una sociedad distinta de la empresa mencionada en diversos reportajes. Así, aseguró que agotó todas las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente.
Según el informe emitido por la CGR, el Instituto Nacional de Estadísticas habría contratado a 16 personas con antecedentes penales y otras 14 con expulsión administrativa pendiente.
La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para garantizar que las remuneraciones mantengan su carácter de inembargables incluso después de ser depositadas en cuentas bancarias, en el contexto de cobranzas asociadas al CAE y otros créditos estudiantiles.
