Los diputados Roberto Arroyo (Indep.), Erich Grohs (PNL) y Germán Verdugo (PNL) solicitaron a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la juridicidad de la aplicación y cobro de IVA a plataformas de apuestas online cuya actividad ha sido declarada ilícita por la Corte Suprema.

El requerimiento fue presentado luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementara un régimen para la inscripción, declaración y pago del denominado IVA Digital para este tipo de plataformas. Los parlamentarios advirtieron una eventual contradicción entre la jurisprudencia del máximo tribunal y la implementación de este mecanismo tributario para operadores que actualmente carecen de autorización legal para funcionar en Chile.

Al respecto, el diputado Erich Grohs señaló que “no puede existir una señal contradictoria por parte del Estado. Si la Corte Suprema ha sostenido que las plataformas de apuestas online operan sin autorización legal en Chile, corresponde aclarar si resulta jurídicamente procedente que un organismo público implemente mecanismos para facilitar el cobro de impuestos sobre esa misma actividad”.

“Lo que buscamos con este requerimiento a la Contraloría es despejar cualquier duda, resguardar el principio de juridicidad y evitar que actuaciones administrativas puedan interpretarse como una validación indirecta de plataformas que hoy carecen de autorización legal para funcionar en nuestro país”, indicó.

En la misma línea, Germán Verdugo sostuvo que “el Estado debe actuar con absoluta coherencia. No podemos perseguir judicialmente una actividad y, al mismo tiempo, generar mecanismos administrativos que puedan interpretarse como una validación de su funcionamiento. Esperamos que la Contraloría entregue un pronunciamiento claro para resguardar la legalidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Por su parte, Roberto Arroyo afirmó que “es realmente grave que el Servicio de Impuestos Internos pretenda cobrar el impuesto al valor agregado a plataformas de apuestas en línea que la misma Corte Suprema declaró ilegales. Esto es una contradicción inaceptable y una señal equivocada para el país. No podemos permitir que un organismo del Estado termine legitimando, mediante el cobro de impuestos, una actividad que la justicia ha identificado como ilícita”.

El parlamentario agregó que “por eso recurrimos a la Contraloría, porque aquí se está pasando por encima del Estado de Derecho y también del Congreso”.

“El Estado no puede convertirse en un socio recaudador de un negocio ilegal que perjudica al deporte, afecta a miles de familias y debilita la confianza en las instituciones. La ley se respeta siempre, no se puede legalizar por la puerta de atrás lo que ya los tribunales declararon que está fuera de la ley”, puntualizó.