La conclusión es incómoda: esta nueva retórica de no intervencionismo no desactiva las viejas lógicas coloniales, sólo las remodela, donde la “Intervención Justificada” siempre favorecerá al Imperio estadounidense.
Según el artículo 1° de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es el bien común. Este mandato no puede reducirse a reaccionar ante la catástrofe, sino que exige una planificación fundada en el diálogo previo y el conocimiento profundo del territorio.
La suma de reformas parciales, normas muy detallistas e interpretaciones administrativas cambiantes ha llevado a que muchas decisiones terminen en tribunales y se debilite la autoridad técnica.
El Estado debe hacerse responsable del desarrollo de una industria forestal que ha generado impactos ambientales de gran magnitud, que se manifiestan con incendios forestales devastadores y trágicos, afectando a comunidades y ecosistemas.
El proyecto de ley también señala que Chile “no debiera quedar al margen” de experiencias internacionales como la normativa estadounidense que obliga a informar calorías en los menús.
