Los costos económicos, sociales, ambientales, y sobre todo humanos, de un conflicto armado son prohibitivos.

El mercado laboral se ha vuelto cada vez más exigente y requiere que estemos constantemente capacitándonos.

El problema del CAE es que no sólo se enmarca en un criterio político y de gasto público, sino también educativo.

El empuje de la participación es parte de una larga transición democrática que ha debido claudicar muchas otras veces.