En nuestro país, el Estado consagra la garantía respecto al ejercicio de los derechos de los migrantes y el cumplimiento de sus obligaciones, según la normativa nacional. Lo que no puede directamente normarse es la integración social del inmigrante.

Según los registros de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, hay sólo 104 geriatras en todo Chile, es decir, por cada 20 mil adultos mayores hay uno de estos especialistas, con otras regiones que no disponen de ese recurso especializado, como es el caso de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Aysén y Los Ríos.

Mientras quede la posibilidad de dejar a niños desprotegidos, aunque parezca satisfactorio que sean solo el 10%, no puede cesar el esfuerzo por educar a las personas, saber por qué algunos padres han optado por no vacunar a sus hijos.

Las iniciativas que han dado a muchos, sin otra opción, el sueño de la casa propia, han resultado ser defectuosas en más de un sentido, no sólo de calidad material, sino tal vez de causar, inesperadamente, lesa humanidad.

Es todo un avance que las autoridades hayan expresado un mayor convencimiento sobre el potencial de este proyecto, no solo por salir al paso de un problema de conectividad y transporte que realmente no tiene otra opción mejor, sino por dar una rotunda señal de descentralización.

Al hacerse parte las universidades de la Región, se comprometen a colaborar en un cambio a la actual situación detectada por la última encuesta Casen, que reveló que en el Bío Bío un 12,3% de los habitantes viven en la precariedad y un 17,4% bajo pobreza multidimensional.