La misma clase media, la que esperanzada, fue probablemente la que le diera una base política al actual gobierno, es la que percibe con mayor agudeza que sus expectativas no se estaban cumpliendo.

La institucionalidad chilena tiene que ser capaz de garantizar la justicia a cualquier ciudadana y ciudadano, en el marco de la ley; pero esta iniciativa, como la de otras instituciones de acción social, constituye un aporte importante para asegurar el respeto a los derechos de las personas en tiempos de conflicto.

Ya se han escuchado las primeras respuestas del mundo político y no han sido suficientes. Como se ha dicho en todos los tonos, faltan las otras voces, las de los diferentes colectivos sociales.

No se ha terminado de escuchar, por lo que resulta preciso oír otras voces distintas, las que realmente puedan reflejar el motivo de las manifestaciones de la gente para generar una propuesta satisfactoria que represente a los otros actores de la sociedad.

Estamos en la coyuntura de construir un nuevo contrato social, que asegure a los chilenos que efectivamente caminan por la misma ruta, que existe en realidad una posibilidad de disminuir las actuales y abismales brechas de la sociedad chilena.