El fin del proyecto es reforzar la enseñanza de los crímenes cometidos en el régimen militar en base a los antecedentes de los informes Rettig y Valech.
El metálico, acuñado entre 1981 y 2000, continuará vigente en el comercio. Empresas y bancos deberán retenerlas y remitirlas al ente emisor.
