Desde la Municipalidad están evaluando las herramientas jurídicas. Agrupaciones ciudadanas confirmaron que preparan acciones en la justicia.
Con un informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y con una aprobación unánime, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) dio luz verde al “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras”, iniciativa que impulsa Aclara Resources y Grupo CAP en la comuna de Penco.
No obstante, el escenario que se proyecta aún no es completamente definitivo para las empresas tras el proyecto. Esto porque tras la aprobación del Coeva se procede a dictar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y una vez publicada oficialmente se abre un plazo de 30 días hábiles administrativos para la interposición de reclamaciones o recursos legales en contra del proyecto de Tierras Raras. Cabe señalar que la resolución aún no se ha publicado.
Consultados por Diario Concepción, desde la Municipalidad de Penco, organismo público que mantuvo una postura contraria en torno al proyecto, señalaron que se están evaluando los alcances administrativos, con una revisión en conjunto con la comunidad, participando dentro de los marcos institucionales disponibles para defender la visión de desarrollo que consideran más adecuada para la comuna.
En ese marco, el alcalde local, Rodrigo Vera, señaló que “estamos evaluando distintas acciones, estuvimos presentes acá, presentamos a la comisión de evaluación ambiental nuestros antecedentes, porque estuvimos con las observaciones respectivas”.
Asimismo, sobre el proceso que aprobó la resolución ambiental de Tierras Raras en Penco y la postura de la municipalidad, Vera puntualizó que “siempre nuestro pronunciamiento ha sido respetando la institución ambiental, y nuevamente en la comisión expusimos nuestras observaciones, de cuál es la visión que queremos para Penco”.
En paralelo, desde la ONG Defensa Ambiental, anunciaron que interpondrán recursos de reclamación por falta de consideración suficiente de las observaciones ciudadanas y recursos de invalidación “en representación de todas las personas naturales y jurídicas de Penco y de todas las comunidades afectadas”.
“Interpondremos los recursos de reclamación de observaciones ciudadanas y de invalidación. Recurriremos a todas las instancias y etapas legales”, señaló el abogado de la ONG, Francisco Astorga.
También existen acciones legales que preparan organizaciones ciudadanas agrupadas en la campaña Penco-Lirquén Libre de Mineras. La agrupación reúne a más de 72 juntas de vecinos, además de organizaciones gremiales, deportivas y comunitarias de la zona.
Su vocera, Camila Arriagada, confirmó que la aprobación ambiental no pone fin al conflicto. “Esas son las dos vías legales y administrativas para continuar el proceso posterior a la votación y aprobación del proyecto”, indicó en referencia a una reclamación administrativa ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y una reclamación judicial ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
La dirigente aseguró que existen materias que, desde la perspectiva de las organizaciones opositoras, no fueron suficientemente abordadas durante la evaluación.
“Tenemos elementos contundentes para seguir oponiéndonos al proyecto, porque quedan varios temas inconclusos, no resueltos por parte de las observaciones ciudadanas”, afirmó.
Respecto de la etapa que viene tras la aprobación ambiental, el gerente general de Aclara Resources Chile, Enrique Donoso, aseguró que ahora comienza un proceso en el que “nos ponemos manos a la obra e invitamos a las autoridades locales, la comunidad local, universidades y actores productivos para implementar responsablemente el proyecto y cumplir cada uno de los compromisos asumidos”.
Desde Grupo CAP, su gerente general, Nicolás Burr, afirmó que “la aprobación ambiental obtenida constituye un hito muy relevante para esta iniciativa y refleja la solidez técnica, ambiental y social del trabajo realizado durante todo el proceso de evaluación”.
Finalmente, Burr enfatizó que “este hito refleja también una visión de futuro: contribuir al desarrollo de una cadena de valor integrada en torno a las tierras raras. Creemos que el país tiene una oportunidad única para convertirse en un actor relevante en ese sector, y que el Biobío cuenta con las condiciones para jugar un rol clave en ese proceso”.
Al mismo tiempo, afirmaron que la iniciativa considera una inversión aproximada de US$130 millones y estima generar alrededor de 2 mil 200 empleos directos e indirectos. Además, aseguraron que incorpora un compromiso del 40% de contratación de mano de obra local, además de medidas de monitoreo participativo, protección de la biodiversidad, restauración con especies nativas y programas orientados al desarrollo comunitario.
La compañía señaló además que la aprobación ambiental representa el inicio de una nueva etapa de implementación responsable, basada en el cumplimiento de los compromisos ambientales y el trabajo permanente con autoridades, comunidades y actores locales.