Desde Concepción, la contralora (s), Dorothy Pérez, calificó como “grave” este escenario.
En Concepción se realizó el primer encuentro regional de la Alianza Anticorrupción, grupo de trabajo que reúne a representantes de diversas instituciones del país y que tiene por objetivo promover la integridad a nivel transversal y generar herramientas que potencien la probidad al interior de los servicios del Estado.
En la instancia, que comenzó alrededor de las 9.00 horas en el Hotel Araucano y que fue abierta al público, se abordaron temas como la “integridad y gobernanza para un desarrollo territorial sostenible e inclusivo”, “Estrategia Nacional de Integridad”, “El Gobierno Abierto como instrumento de innovación en materias de probidad, integridad y transparencia” y sobre el “nuevo estatuto de protección al denunciante”.
Quienes estuvieron encargadas de exponer al respecto, previa inauguración del encuentro por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, fueron Georgina Braga-Orillard, representante del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (Pnud); Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Probidad e Integridad del Gobierno, liderada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y también de la Alianza Anticorrupción; y la contralora (s), Dorothy Pérez.
El objetivo del encuentro, como de la alianza en sí, fue informar respecto a cómo el Estado se está articulando para combatir los hechos de corrupción que se presencian en el país, problemática de la que se desprenden varias aristas en torno a cómo denunciar, qué sucede con las denuncias, entre otras interrogantes de las que, además, surgieron los conocidos sumarios.
Respecto a este subtítulo es que la contralora (s), Dorothy Pérez, planteó una preocupación respecto a los sumarios internos en los servicios públicos, luego de que una funcionaria de la Seremi de Salud -presente en la instancia- le expresara su interrogante y sensación al ejemplificar con que muchas veces se realiza un sumario respectivo contra algún funcionario cuestionado, pero dicho trabajador público sigue percibiendo sueldo y no es apartado de sus funciones.
“El tema de los sumarios administrativos, y también de las investigaciones sumarias en nuestro país, es un tema bien delicado; de hecho yo lo calificaría como grave”, dijo la contralora (s) Pérez. “El nivel de retraso que hay en la administración pública, tanto central como municipal y regional -de todo nivel-, de la cantidad de sumarios que están pendientes por años y años en trámite aún, con funcionarios que están cobrando su sueldo, pero suspendidos, y en sus casas; con funcionarios que no tienen certezas jurídicas de cuáles van a ser los resultados -algunas de esas personas son inocentes y están siendo sumariadas y siendo estigmatizadas por años-… Hay una multiplicidad de problemas que se producen en la materia”.
Respecto a qué puede hacer la Contraloría en estos casos, Pérez indicó que la institución que representa está haciendo un llamado a las instituciones públicas a que “focalicen en la investigación de los sumarios administrativos los hechos específicos que se les mandató a sumariar”.
Lo anterior fue fundamentado en que los archivos que exponen las razones de un sumario, muchas veces abarcan demasiadas aristas, cuestión que a juicio de la contralora (s), dificultan la investigación respectiva porque la misma se amplía cada vez más. “Tenemos que lograr focalizar hacia los hechos específicos que dieron origen a esa investigación. Luego, para los hechos distintos que el Fiscal detecte, tendrá que informarlos”.
Raphael Sierra P.
Por otro lado, fueron diversos los temas que se expusieron en torno a la prevención y combate de la corrupción en el país. La alcaldesa Carolina Leitao, presidenta de la instancia como de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), señaló que “hemos decidido generar instancias de qué conversación, entrega de herramientas, transferencia de capacidades y también de difusión de buenas prácticas y, por supuesto, de desafíos que tenemos en el tema de probidad y cómo enfrentar la corrupción no sólo en los municipios, sino en general en el sistema público”.
En esa línea, valorando que el encuentro se haya realizado en Regiones, en Concepción, la alcaldesa Leitao explicó que “lo que queremos en el fondo, porque la Alianza Anticorrupción reúne distintos organismos, es animar que esta conversación nos permita mejorar prácticas y poder instalar capacidades en general en el sistema público (…) para avanzar en transparencia y calidad”.
Con el contexto en cuestión, y tras ser consultada sobre los diversos jefes comunales y exjefes comunales que se encuentran siendo investigados en el país por casos de corrupción, Leitao señaló que “lo más importante y lo primero es que existan denuncias y que esas denuncias sigan los cursos regulares y que las instituciones funcionen”.
Por su parte, Valeria Lübbert, secreteria ejecutiva de la Comisión de Probidad e Integridad del Gobierno, indicó que “este es un espacio de coordinación y articulación para la generación de políticas públicas, evaluación de políticas públicas en temas anticorrupción donde la presencia regional es muy relevante”.
“Vemos nosotros que tenemos muchas reformas en trámite que van a afectar a los municipios, que van a afectar a los Gobiernos Regionales, y que se tomó la decisión (…) de hacer este encuentro acá en Concepción justamente poniendo ese énfasis: (…) la disposición de los distinto órganos que conforman la Alianza Anticorrupción”, agregó Lübbert.
En esa misma línea, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, precisó que hay “que agreceder la descentralización que se hizo de este tipo de eventos, que lo más seguro hubiese sido organizado en la Región Metropolitana. Y en la decisión de esta Alianza Anticorrupción, (…) trae, finalmente, esta oportunidad a regiones para que podamos conversar y podamos remar todos para el mismo lado”.
A lo anterior, el jefe comunal penquista indicó que se trata de “evitar que esta verdadera lacra en el mundo, que es la corrupción, siga permeando diferentes áreas, diferentes aspectos: el mundo público, el mundo privado, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. (…) Por tanto, la oportunidad que tenemos, además, con una tremenda respuesta, en la asistencia de las personas para poder llegar aquí”.
Uno de los puntos que se detalló como novedad en las ponencias, fue lo expuesto por la contralora (s) Dorothy Pérez, en lo que dice relación con el nuevo estatuto de protección al denunciante (Ley N° 21. 592). En palabras de Pérez, esta modificación a la normativa pretende incentivar la denuncia activa de funcionarios públicos tras haber tomado conocimiento de un posible caso de corrupción. Y, en detalle, el grueso de esta iniciativa es proteger al denunciante: o sea, prevenir represalias ante quien denuncia.
“Esta nueva ley va a entrar en vigencia una vez la Contraloría tome razón del reglamento que está actualmente en trámite en la Contraloría”, dijo la contralora (s). Sin embargo, también señaló que hay un problema: “El problema es que este nuevo estatuto requiere un canal de denuncia. (…) El problema es que este canal de denuncia, de cómo está establecido en esta nueva ley, tiene muchas exigencias que no están cumplidas en este canal de denuncias online que tenemos en la Contraloría. Entonces tenemos que hacer una plataforma nueva”.
Y he ahí uno de los desafíos de la Contraloría ya para generar este nuevo canal, de acuerdo a la nueva normativa, el que requiere elementos tales como que no se pueda saber la identidad del denunciante -para que sólo se pueda extraer en ciertos casos-, para que se pueda conformar un expediente con las diversas presentaciones que las personas -no solo el denunciante puedan ir haciendo-, se requieren recursos que, según dijo la contralora (s) Pérez, “no nos dieron recursos para eso”.
Sin embargo, agregó que “todavía esto está en estudio aún, el equipo informático no sé cómo lo va hacer, pero está a toda velocidad tratando de ajustar esta nueva plataforma. (…) Entonces, están los equipos trabajando para poder tener esta plataforma lo más pronto posible y también están haciendo algunas revisiones jurídicas del reglamento para que entre en vigencia la ley”.
¿Y qué pasará cuando entre en vigencia esta nueva ley? De acuerdo a lo expuesto por la contralora subrogante, seguramente aumentarán las denuncias, debido a que la nueva normativa trae incentivos para los funcionarios públicos que denuncien como, por ejemplo, si se llega a acreditar la irregularidad que se está haciendo denunciada, “la persona que hizo la denuncia tendrá la posibilidad de ascender en su escalafón funcionario y quedar en los primeros lugares para poder ascender”.