Mientras la dirección regional sostiene que se trata de un largo proceso de cambios, los trabajadores que atienden a los menores aseguran que esta etapa ha sido lenta y deficiente.
En la región del Biobío, al igual que en todo el país, el 1 de octubre de 2021 comenzó a funcionar el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, que vino a reemplazar en el ámbito proteccional la tarea que realizaba el Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, a un año de su inicio, la evaluación de lo que ha sido este proceso es dispar.
Bajo la perspectiva de la dirección regional del nuevo organismo, estos 12 meses han sido un avance, pese a las complejidades que ha tenido el poner en marcha una nueva política para el cuidado de la infancia y la adolescencia, como lo sostuvo Carolina Bascuñán, directora regional (s).
“Ha sido un año muy intenso en términos de instalación para todo los funcionarios de la dirección regional como también de las administraciones directas que acá tenemos en la región. Hemos desarrollado durante el año, distintas etapas o actividades que nos han permitido fortalecer el trabajo”, señaló.
Mirada opuesta tienen en la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección (Antrap) que agrupa a parte de los funcionarios de la institución, quien en voz de su presidente nacional, Felipe Ramírez, planteó la crítica.
“Nos damos cuenta que este servicio no empezó con una lógica de protección efectiva de niñas y niños, sino que empezó con una lógica política de decir que con la instalación de un servicio a nivel nacional se iban a solucionar por arte de magia todos los problemas de la infancia y la adolescencia, por lo tanto, esa mirada política permeó e impidió que lo técnico fuera lo primordial en el proceso de desarrollo del servicio, de las residencias familiares, del término de los grandes sistemas proteccionales, desde la mirada que se le quería entregar”, sostuvo el dirigente.
En la misma línea Jéssica Pedreros, presidente regional de Antrap resumió las dificultades que han enfrentado en esta etapa, algo similar a lo que vivían cuando eran Sename.
“Hoy día tenemos funcionarias y funcionarios tremendamente agotados por la forma de trabajo, tenemos niñas y niños que tienen serias complicaciones de salud mental, consumo problemático de drogas, circuito de calle. Necesitábamos por ejemplo, una residencia especializada, que era una RAE que no se implementó, entonces hay varias cosas que han sido declarativas y no se han realizado”, enumeró Pedreros.
El nuevo servicio se encarga de atender los casos de menores de edad que han sido derivados por los tribunales de familia. Es decir, son niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos y que requieren atención especializada.
Los casos que atienden van desde menores en situación de abandono, víctimas de agresiones de parte de sus familiares, infractores de ley menores de 14 años, que no tiene responsabilidad penal, solo por mencionar una parte de la labor que se realiza. En otras palabras, la puerta de entrada a este servicio es vía judicial.
En tanto, uno de los principales cambios en la creación de Mejor Niñez está dado porque ahora está alojado en el ministerio de Desarrollo Social y no en el de Justicia, como ocurría con Sename.
Por ello, y pensando en marcar una diferencia entre lo que se hacía antes y lo que debiera ocurrir en adelante, es que la gestión de la oferta que el Estado debe tener para intentar reparar la vulneración de derechos de estas niñas, niños y adolescentes es un punto central y donde también han existido problemas como apuntó la representante local de Antrap.
“Cuando se habla de la prioridad de los niños y las niñas, nosotros para llevar a alguno a una atención de salud, tiene que pasar por el mismo sistema como si fuera un niño o niña que no estuviera bajo la protección del Estado. Entonces, eso es un nudo tremendamente crítico porque no facilitamos los procesos a las necesidades de los menores” añadió Pedreros.
Sobre este aspecto la directora regional recalcó que parte de la labor de este primer año ha estado centrada en poder lograr que el resto de la institucionalidad pública entienda que el trabajo y la respuesta a la infancia y niñez es de todo el Estado y no de un servicio en particular.
“Qué es lo que esperamos nosotros ahí, que el intersector también responda y que se haga parte de esto, y para eso nosotros tenemos una comisión instalada donde el llamado es a los nueve ministerios y a los nueve servicios públicos que garanticen que al egreso de un niño o de un adolescente que sale de nuestro servicio, por lo menos pueda optar, sea educación, sea vivienda, salud y logre tener un piso mínimo para este egreso y para que tengamos egresos satisfactorios de la red”, aseveró la directora regional (s).
Otro de los temas que preocupa a los funcionarios del nuevo servicio es antiguo: el de la seguridad y la alta carga laboral que tienen. Las agresiones, amenazas y acoso que han experimentado quienes trabajan en las residencias -cinco de ellas en la región- les preocupa.
“Hay una sobrecarga laboral, tenemos a funcionarias y funcionarios estresados, con licencias médicas, porque no hay un cuidado al trabajador y la trabajadora del servicio”, aseguró Pedreros.
Sobre este aspecto, Bascuñán detalló que hay una preocupación constante por los funcionarios y que han realizado y realizarán una serie de capacitaciones para preparar mejor al personal, además de buscar formas para mejorar las condiciones de trabajo de los equipos.
“Ahí también el servicio apuesta por una mejora continua y profesionalización también de los equipos. De hecho, la ley indica que para el trabajo de residencia tiene que haber un 75% de personas que tengan certificación y que estén debidamente profesionalizadas, cosa que el servicio anterior no tenía. Entonces, el estándar que se instala es también otro para la atención”, añadió la encargada regional.
Fuentes de Diario Concepción señalaron que es casi un hecho que a partir de 2023 se implementará un cuarto turno en las residencias, buscando bajar la sobrecarga laboral existente, lo que fue ratificado por la dirigencia nacional de Antrap que ha participado en la mesa de trabajo junto a la subsecretaría de Desarrollo Social.
La llegada del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia vino a marcar el cierre de espacios que en la zona y el país se hicieron tristemente conocidos por una serie de episodios que involucraron a menores de edad que vivieron la vulneración de sus derechos en espacios donde debieron haber sido resguardados, pese a las complejidades propias de esa labor, como ocurrió con el centro Carlos Macera en Hualpén y el Cread Capullo en Chiguayante, transformado en residencia.
De todos modos, aún quedan programas que comenzaron antes del cambio de servicio y que se ejecutarán por un tiempo más. Así que en la medida que vayan finalizando permitirá la implementación de nuevos proyectos se indicó. Entre ellos, también está el proceso de cierre del centro Arrullo que albergaba a lactantes, menores de 3 años y con necesidades especiales, ya que hoy el modelo de atención privilegia a las Familias de Acogida.
Por esto, la directora regional (s) manifestó que el trabajo que existe aún es grande y requerirá de tiempo para ajustarse, pero que de todos modos, la nueva mirada hacia el trabajo con este sector de la infancia y la adolescencia en el país, será mucho mejor que lo había.
“Lo que nos ocurre constantemente es que, anterior a la entrada en vigencia del nuevo servicio, los niños salían de un programa y a los 2 años los tribunales los vuelven a enviar a otro programa de un nivel de especialización mayor. Entonces, ahí decimos que el trabajo que se hizo no fue efectivo”, destacó.
“Hay que mirar, hay que volver a revisar también el trabajo y para eso el servicio viene a instalar otros proyectos, otras líneas que vamos a ir presentando en la medida que vamos avanzando, porque nosotros tenemos que cerrar lo que venía de Sename. Entonces, recibimos proyectos y líneas de trabajo que no podíamos terminarlas el 1 de octubre, sino que las fuimos continuando en la medida que esos convenios vayan terminando y vayamos instalando la nueva oferta programática que esperamos que sea a 2025 aproximadamente”, cerró Carolina Bascuñán.