Gobernador dijo que existía una posibilidad y se reunirá con alcalde. Ayer la máxima autoridad se reunió con los parlamentarios de la Región a quienes pidió apoyar petición de $133 mil millones para el próximo año.
Durante la semana distrital y/o regional, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, se reúne con los parlamentarios de la Región para ahondar en los temas en los cuales se ha trabajado y poder acordar estrategias comunes en beneficio del Biobío.
Y ayer, con la presencia de un grupo transversal de representantes (incluyendo ambos distritos), fueron tres los temas abordados: movilidad (ver página 7), extensión de la zona de rezago y el presupuesto de Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) para el próximo año. Y hubo novedades, particularmente en los últimos dos puntos.
De hecho, el gobernador comentó que Lota podría ser incorporada junto a otras 16 comunas de la Región, para formar parte de un nuevo programa de zona de rezago.
“Tengo que conversar con el alcalde (Patricio Marchant), primero.Tenemos que levantar un dossier que justifique la petición de Lota”, dijo ayer la autoridad regional.
Hasta antes que el alcalde Marchant hiciera pública su petición, Díaz había sostenido reuniones con el ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), solicitando ampliar por dos años la actual zona de rezago que rige en la siete comunas de la provincia de Arauco y que concluye en septiembre. Pero, además, generar un nueva declaratoria que beneficie a 12 comunas de la provincia de Biobío, la zona rural de Los Ángeles (quedaría fuera la zona urbana de la capital provincial y Cabrero) y tres comuna de la provincia de Concepción: Hualqui, Santa Juana y Florida.
Ayer el alcalde de Lota se reunió con parlamentarios del Distrito 21 y organizaciones sociales de la comuna, para trabajar en este petición. Marchant se reuniría con Díaz el próximo jueves.
De concretarse la petición de Lota, solo 10 comunas, de las 33 que componen la Región, no estarían consideradas con “rezago”.
Pero junto con lo anterior, Díaz confirmó que desde el gobierno central se entregaron al Gore Biobío $13 mil millones suplementarios para gasto este segundo semestre, debido a la buena ejecución de la Región. Como se recordará, a fines de junio se había gastado el 55% del total del presupuesto, un porcentaje que lo coloca por sobre las demás regiones del país.
“Es una buena noticia, pues nos va a permitir focalizar en proyectos de inversión menor, que generen empleo”, dijo Díaz.
Es decir, si bien la Región partió este año con un marco presupuesta de $93 mil millones, hoy ya se disponen de $106 mil millones, y se espera que a final de año se terminen ejecutando $110 mil millones, sostuvo Díaz.
Todas estas cifras y proyecciones, dijo la autoridad regional, deberían contribuir a que la actual administración de gobierno acceda a entregar $133 mil millones para el 2023. Una mirada en que coincidieron algunas parlamentarios, considerando además la inflación y aumento del costo de la vida. “Sería una mala señala política, recibir menos”, dijo el gobernador.
Consultado al respecto, el gobernador Díaz se manifestó “absolutamente contrario” con el eventual traslado a Emilio Berkhoff desde la Cárcel Concesionada Biobío hacia el recinto penal de Lebu.
“El señor Berkhoff es una persona condenada por tráfico de cientos de kilos de droga y él debiera estar preso en una cárcel que cumpla los requisitos para un delincuente de alta peligrosidad”, afirmó.
Díaz agregó que “llevar a personas que están ligadas a las organizaciones que hacen reivindicaciones en la zona sur de la provincia hacia la zona de Lebu es incubar un problema en Lebu. En Lebu hemos tenido dos o tres asonadas que han estado a punto de terminar en autodefensa (…) Me parecería del todo imprudente llevar al ser Berkhoff hacia Lebu. Primero, porque es un criminal de alta peligrosidad y, segundo, porque eso le generaría un terrible problema a las personas que viven en Lebu”, puntualizó la autoridad regional.
Berkhoff se encuentra recluido por una investigación por tráfico de drogas, que en 2020 permitió desarticular un procedimiento que dejó casi una tonelada de droga decomisada.