Un complejo flanco penal y político se abrió para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de confirmarse que mantiene la calidad formal de imputado en la investigación abierta por presunta prevaricación administrativa.

La causa del Ministerio Público —cuyo estatus procesal respecto del secretario de Estado fue ratificado por fuentes de la Fiscalía Nacional a Radio Bío Bío— apunta a esclarecer eventuales anomalías en la concesión de rebajas de condena en favor de personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra menores.

El origen de la acción persecutora responde a la denuncia interpuesta conjuntamente por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC). La presentación legal acusó la presunta responsabilidad penal tanto del jefe de la cartera como del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, en el proceso de visación y firma de los decretos que autorizaron la entrega de los beneficios carcelarios cuestionados.

La tramitación del caso quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte bajo la dirección directa del fiscal regional Francisco Jacir, quien trabaja con la asistencia de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada. El objetivo prioritario de las pesquisas se concentra en examinar los antecedentes administrativos para determinar si los actos ministeriales configuran ilícitos y definir el grado de participación de los firmantes.

El avance procesal contra el ministro añade una fuerte presión a su continuidad dentro del gabinete, reactivando los reparos transversales instalados en el Congreso tanto desde la oposición como en filas oficialistas, pese a que el presidente José Antonio Kast había resuelto ratificarlo formalmente en el cargo días atrás.