El plan busca ayudar a las familias más vulnerables del país, pero su aplicación ha generado cuestionamientos por la forma en que se compran las canastas y como se seleccionan a los beneficiados. Aquí un resumen de lo ocurrido a la fecha.
Las cajas pertenecientes al programa “Alimentos para Chile”, destinadas a los hogares más vulnerables del país y que fueron entregadas en sectores como Camino al Venado o Andalué en San Pedro de la Paz, Lonco y Villuco en Chiguayante, o Pedro de Valdivia Alto y Vilumanque en Concepción, reabrieron la polémica por el beneficio en la zona.
Fue a fines de la semana pasada, y desde las municipalidades sindicaron como responsable a la Intendencia, encargada de confeccionaron las nóminas de beneficiarios que luego se entregaron a las gobernaciones y municipios para su reparto.
El intendente Sergio Giacaman reconoció que el instrumento podría tener imperfecciones, pero dijo que cada caso debe ser analizado en terreno. “El que una persona viva en un lugar no determina si es vulnerable o no”, comentó.
Esta es la última polémica asociada al programa que fue anunciado en cadena nacional el pasado 17 de mayo y que pretendía ayudar a las familias más vulnerables y de clase media necesitada.
La primera etapa de la medida, en la Región, iba en ayuda de los adultos mayores (de más de 80 años) incluidos dentro del 40% de la población más pobre del país, según el Registro Social de Hogares. Lo anterior, debido a su confinamiento desde marzo.
Pero la entrega de estas “cajas vip” no ha sido la única polémica.
En su primera etapa, en el Bío Bío se compraron 27 mil 617 canastas a dos proveedores de la Región -Comercial Mayor (18.617) y Supermercado Único (9.000). En una segunda etapa, se adquirieron 47 mil 922 cajas, de ellas, 38 mil fueron compradas al Supermercado Único y 9.922 a Distribuidora Ecomark Coronel.
Todo por un total cercano a los $2.370 millones, recursos provenientes del Core. Ello, justamente, llamó la atención de los cores de la oposición.
Además, se suman fotografías de autoridades de gobierno, parlamentarios y militantes de partidos oficialistas entregando canastas. Incluso, surgió un instructivo de La Moneda sobre cómo actuar durante el proceso.
Esto derivó en una petición a Contraloría, que decidió intervenir oficiando a la Segegob y a Interior para que entregue antecedentes. “No se puede tolerar que ante la crisis sanitaria, social y económica que vivimos existan autoridades que se aproveche de esta situación con la única finalidad de buscar proselitismo de campaña política”, manifestó Rodrigo Daroch, vicepresidente del PPD, quien recurrió al organismos fiscalizador.
La diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), indicó que hay una serie de desórdenes a nivel nacional en la compra de estas cajas, que incluso ha derivado en la suspensión del proceso de entrega en Arica y Los Lagos. “Se está prestando para hechos poco transparentes. Estamos pidiendo información al Gobierno y no la han entregado. Esto tenía un fin muy importante y se ha prestado para un negociado poco claro”, aseguró.
Además, desde la Comisión de Gobierno pedirán una auditoria nacional a la Contraloría sobre el programa.
Desde el Gobierno se ha insistido en que este programa es una política pública, pero ¿ha sido efectiva? La académica de la Universidad de Concepción (UdeC) y especialista en políticas públicas, Jeanne Simon, explicó que esta experiencia deja varias lecciones. “Hay un debate sobre si debe ser una caja o mejor dinero. Ambos medios tienen problemas y quizás debemos considerar la posibilidad de optar para uno u otro medio, por lo que faltó un mejor diagnóstico para haber identificado la mejor manera de entregar”, comentó.
Simon cree que tampoco se debió dejar de lado a los municipios, ya que son ellos quienes conocen las necesidades de los territorios. “Demuestra la importancia de conversar con los actores en terreno para evitar problemas, en especial mayor conversación con los municipios (y en especial los Didecos) para poder haber entregado y focalizado mejor el apoyo”, dijo.