Aún se está a la espera de que el TC examine la admisibilidad del requerimiento de la defensa del alcalde Boris Chamorro, proceso que por el momento no figura en tabla.
Lo que debes saber
• El Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional precisar que la suspensión decretada por el requerimiento de Boris Chamorro solo afecta las comunicaciones al Servel y no debe impedir la preparación del juicio oral.
• La Fiscalía advirtió que una interpretación amplia de la medida podría abrir espacio para que otras defensas recurran al TC y provoquen nuevas dilaciones en la investigación del caso Puerto Coronel.
• La causa involucra a siete acusados, entre ellos el alcalde de Coronel, a quien se atribuyen 21 hechos de cohecho y la recepción de presuntos pagos por $82 millones.
La investigación por el caso Puerto Coronel sumó una nueva arista e involucra al Tribunal Constitucional (TC). Esta vez, el foco está puesto en la continuidad de Boris Chamorro al frente de la Municipalidad de Coronel, ya que su defensa busca impedir que la acusación por presuntos delitos reiterados de cohecho active un mecanismo legal que podría apartarlo temporalmente de la alcaldía, antes de que exista un veredicto.
Para ello, el abogado Fernando Saenger presentó un requerimiento de inaplicabilidad que fue acogido a trámite por el TC y cuestiona la aplicación de tres disposiciones que, según sostiene, podrían terminar dejando a Chamorro suspendido para ejercer el cargo.
Lo anterior se explica porque la Constitución contempla la suspensión del derecho a sufragio para quienes son acusados por delitos que merecen pena aflictiva, mientras que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que un alcalde en dicha condición queda incapacitado para ejercer sus funciones y debe ser reemplazado.
La defensa del jefe comunal argumenta que esa consecuencia excede los efectos que la Carta Fundamental asigna y que, en la práctica, interrumpe un mandato otorgado mediante votación popular sin que exista una sentencia. Por eso, no busca eliminar la suspensión del derecho a voto, sino que se declare inaplicable el mecanismo legal que vincula ambas disposiciones.
Junto con acoger a trámite el requerimiento, el TC decretó la suspensión del procedimiento que se tramita ante el Juzgado de Garantía coronelino. Pero el alcance de esa medida abrió un nuevo flanco, ya que el Ministerio Público busca dejar claro que aquello no debería impedir el avance hacia un juicio oral.
Dicha situación llevó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a solicitar una aclaración al Tribunal. En una presentación ingresada el 3 de noviembre, pidió que el organismo precise que la suspensión se limita a la comunicación que el Juzgado de Garantía debe remitir al Servicio Electoral (Servel). Bajo esa interpretación, la medida no impediría realizar la audiencia de preparación fijada para el 13 de noviembre.
La preocupación del persecutor, sin embargo, también apunta a las consecuencias que una interpretación más amplia podría tener para el resto de los acusados. Consultada por Diario Concepción, desde la Fiscalía Regional del Biobío advirtieron otro riesgo potencial.
“Con el propósito de evitar que la misma defensa solicitante u otras defensas que no han presentado ningún requerimiento ante el Tribunal Constitucional pretendan dilatar injustificadamente el procedimiento, es que pedimos que lo declare así expresamente el Tribunal Constitucional”, señalaron desde la institución.
En su presentación, Valencia fundamentó la solicitud de aclaración en los propios términos del requerimiento de inaplicabilidad presentado por la defensa de Chamorro. En particular, hizo presente que, en el segundo otrosí de ese escrito, se pidió suspender el procedimiento “en cuanto a la comunicación al Servicio Electoral” y a las actuaciones destinadas a hacer efectiva la eventual incapacidad del alcalde para ejercer el cargo.
Sobre esa base, el jefe del Ministerio Público sostuvo que, al resolver “como se pide”, el TC habría concedido la medida en los términos específicos de esa solicitud. Es decir, no alcanzaría al desarrollo de la causa penal en su conjunto.
El escrito de la defensa, no obstante, también incluyó de manera subsidiaria que el TC adoptara las medidas necesarias para evitar que Chamorro fuera apartado de la alcaldía mientras se resuelve el requerimiento y que un eventual fallo favorable a su defensa no perdiera efecto por llegar demasiado tarde.
La investigación por el caso Puerto Coronel tiene otros seis acusados, además de Chamorro, entre ellos el exconcejal de Coronel, Eduardo Araya; el expresidente del directorio de la portuaria, Eduardo Hartwig; su exgerente de Finanzas, Daniel Chamorro; y el exgerente general, Javier Anwandter. A ellos se suma Víctor Olivares Matamala, proveedor de la portuaria vinculado a Transolv; y Hernán Romero Sáez, representante de Servicios Caryher Limitada.
Según la tesis del Ministerio Público, a Chamorro se le atribuyen 21 hechos de cohecho y la recepción de $82 millones en presuntos pagos, mediante entregas realizadas entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. A Araya, en tanto, se le vincula con otros $69,75 millones, a través de transferencias efectuadas entre julio de 2021 y noviembre de 2023.
La indagatoria también comprende presuntos perjuicios a Puerto Coronel por más de $2.159 millones, asociados a delitos de administración desleal, además de un perjuicio fiscal superior a $233 millones por ilícitos tributarios.