Política

Alcaldes en pie de guerra para defender sus garitas de seguridad

La destrucción de una caseta en Pingueral no sólo se transformó en un dolor de cabeza para el gobierno, también en inquietud de alcaldes por tema de seguridad.

Por: Ángel Rogel 03 de Septiembre 2019
Fotografía: Cedida

“Me acordé de la tan criticada retroexcavadora del senador  Quintana. Sentí una tristeza muy grande no solo por Pingueral, si no por las generaciones de familias pingueralinas que vieron como demolían un hito de seguridad y control que les había entregado tanto apoyo y resguardo. También impotencia  de no poder hacer nada ante tal acto de violencia y atropello en presencia de las máximas autoridades de la Región y un ministro de Estado”.

Esas fueron las palabras  con las que el empresario y fundador de Pingueral, Gustavo Yánquez, manifestó en la edición de domingo de Diario Concepción, su repudio a la acción encabezada hace dos semanas por   el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, el seremi de la cartera, Sebastián Abudoj, y el intendente Sergio Giacaman, que terminó con la demolición de la caseta de vigilancia del balneario con una retroescavadora.

En la misma edición, el secretario general de la UDI, Jorge Fuentes, evaluó el impasse: “La demolición de la caseta fue un error, pero no de Sergio (Giacaman), sino del Ministerio de Bienes Nacionales”.

Con sendas acciones legales en Tribunales, es un hecho que la innecesaria destrucción de una garita de vigilancia en el ingreso a uno de los condominios de Pingueral se ha transformado en el gran dolor de cabeza de la administración regional (sin considerar el corte de agua el fin de semana en Chiguayante, que va por otro carril).

De hecho, el tema sigue generando reacciones. En un encuentro de alcaldes, consultado al respecto, el jefe comunal de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, dijo que “aquí se ha atropellado una normativa municipal y a un alcalde. Eso como asociación no podemos dejar que ocurra sin tener ninguna opinión al respecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar filas con ese alcalde y con esa comunidad, porque lo que ahí había era un control, no se impedía el paso”.

Retamal, en su calidad de la presidente del capítulo regional de la Asociación de Municipalidades, dijo que la “prepotencia y violencia que se vio ahí, me horroriza cada vez que vuelvo a ver el vídeo”. Se preguntó “cómo la insensatez de una autoridad, que viene del gobierno central, avasalla a una autoridad elegida por el pueblo”.

Expectantes

Pero eso no es todo, pues el jefe comunal reconoció que, así como Pingueral, existen muchos condominios que cuentan con una garita de seguridad y control de acceso vehicular. Lo anterior, también amparados en la Ley 20.499.

“Estamos expectantes… Es una medida que adoptan vecinos para protegerse de la delincuencia, pero que una autoridad rompa, irrumpa y destruya el esfuerzo vecinal, me parece una atrocidad”, sostuvo el jefe comunal.

Otro que se refirió a este tema y, en particular a la acciones legales emprendidas por los vecinos, fue el alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera.

“Los vecinos están en todo su derecho a emprender las acciones legales que estimen conveniente. El tema es que existe una ordenanza municipal que está vigente y que no ha sido cuestionada, si es lo más curioso de esto. Nosotros no estamos en la discusión de lo que ocurrió, sabemos que hay una disputa entre los vecinos y Bienes Nacionales, que tendrán que resolver los tribunales de justicia”, manifestó Aguilera.

Al igual que el jefe comunal sampedrino, Aguilera se declaró “expectante”, aunque respecto al avance de los recursos de protección y querella presentadas por los pingueralinos, pues “cuando se decretó esta ordenanza, fue por un tema de seguridad y ya han habido hechos delictuales que tiene que ver por los propios propietarios (…). No existe ninguna resolución de Contraloría, que diga que hay que retirar la garita. Yo creo que están equivocados”.

Particular resulta el caso del edificio del Gobierno Regional, que alberga entre otras reparticiones al Consejo Regional y la Intendencia, pues pese a que también es un bien de uso público, cuenta con rejas papales y una garita de seguridad que controla el ingreso a su estacionamiento. “Nos están dando la razón, que por razones de seguridad, se hace necesario implementar regulaciones”, dijo el alcalde Aguilera al ser consultado.

Hace unos días, el intendente Giacaman (que ayer estuvo en Santiago), explicó que “son medidas que toman las policías y es la gobernación la que las instruye”.

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