El ahora seremi del Trabajo, Carlos Jara, se refirió a la determinación tomada a nivel central que anuló el fallo que dejaba sin sanción al militante de RN.
Incómodo, así se le vio al suspendido presidente regional de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, la mañana de este miércoles en la Intendencia de Concepción.
El dirigente es un habitué del recinto, lo que ha generado molestias en los funcionarios de Gobierno. Recordemos que Eguiluz tiene prohibición de ejercer cargos públicos hasta marzo del año 2020 por su condena por delitos tributarios en el caso SQM. Ante las preguntas de los medios, Eguiluz opta por el silencio.
Quien sí sacó la voz fue el presidente del tribunal local de RN, el ahora seremi del Trabajo, Carlos Jara, quien decidió absolver a Eguiluz de las imputaciones presentadas en diciembre pasado y mantenerlo en el cargo.
Jara, al ser consultado por los medios, señaló que “como se trata de un tema judicial, y yo prefiero no referirme a un tema que vincula al Tribunal Supremo, no es pertinente ventilar este tipo de situaciones por la prensa. Lo que tenga que decir, se lo diré a quien corresponda”.
En relación al cuestionamiento hacía su sanción, la autoridad admitió que “sería muy raro que me enojara porque apelaron. Soy un funcionario de Gobierno y no me quiero inmiscuir en la política partidaria”.
Jara consideró que su sentencia se encuentra ajustada al debido proceso, cuyas motivaciones se hallan en ella. “Me encuentro convencido de lo que dictamine”, sentenció.
En tanto, el recién asumido presidente (s) de RN, Patricio Badilla, expresó que desconocía los anticuerpos que generaba Claudio Eguiluz en el partido. “Nosotros esperamos una unidad en el partido, capaz que exista una lista de consenso. Yo no sabía que Claudio generaba tanto malestar ni que era tan conflictivo y espero que el partido, de una vez por todas, trabaje de forma unida”.
La suspensión de la militancia de Eguiluz se conoció a última hora del pasado viernes, en donde se determinó que durante el proceso de indagatoria a nivel central, lo que le impediría repostularse a las elecciones internas del próximo 17 de noviembre.
Mientras que en enero de este año, la Corte Suprema ratificó la condena a 800 días de pena remitida y la suspensión de ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de tiempo, por delitos tributarios en el marco del Caso SQM.