Iniciativa que busca regular paso de autoridades del mundo público al privado es analizado por la Segpres y ya ha encontrado obstáculos en algunos parlamentarios. Proyecto, no obstante, sigue siendo un borrador.
El denominado fenómeno de “la puerta giratoria” alude a la situación que se produce cuando funcionarios públicos que ostentan altos cargos, pasan a formar parte de grandes corporaciones privadas, sin que exista ningún tipo de regulación, entre otras razones, por el eventual tráfico de influencias que ello podría conllevar.
“Lamentablemente, se da una relación muy estrecha entre quienes manejan el poder económico y poder político. Y cuando existe un intercambio de información en estos mundos, se tiende a confundir. De hecho, hay quienes ejercer en el mundo público, como una forma de ejercitarse, o bien perfeccionarse, para luego trabajar en el ámbito público”, comentó el abogado y analista político, Andrés Cruz.
Recordó, además, que este no es un problema nuevo para las democracias capitalistas y/o neoliberales. De hecho, comentó el autor inglés Owen Jones ya había abordado el tema en su libro “El establishment: La casta al desnudo”, publicado en 2014.
Actualmente, en Chile existe legislación al respecto y restringe a ex autoridades a ejercer cargos en el sector privado por un periodo de seis meses. No obstante, en medio un escenario donde la ciudadanía reclama por más transparencia, el gobierno trabaja en un proyecto que ampliaría esas restricciones, llegando incluso a los parlamentarios.
Se trata de una idea que está en pañales, que está siendo analizada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, pero ya hay parlamentarios que están en conocimiento y han manifestado su preocupación. Algunos, no obstante, como el PS Manuel Monsalve, sostienen que todo lo que contribuya a mayor transparencia debe ser revisado.
Consultado por el tema, Cruz coincidió: “Si yo ejerzo una fiscalización en el ámbito de Impuestos Internos o Aduanas, solo por dar un ejemplo, la posibilidad de ejercer un cargo en el mundo privado de la misma línea implica una complejidad que debe ser abordada, porque tampoco se le puede privar a las personas de trabajar”, sostuvo.
El analista agregó que esta situación está estrechamente relacionada con, por ejemplo, los procesos de concesiones y el “tráfico de influencias, que muchas veces se sabe, pero que no reconoce”.
Insistió en la necesidad de regular. “¿Cuántos miembros de los directorios de la Isapres y las AFP han sido políticos que han ejercido grandes cargos públicos?”, interrogó.
El presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, dijo que la idea de Blumel “va en el sentido correcto”.
“No se trata de dejar a ex autoridades sin opciones laborales una vez que dejan sus cargos, simplemente se trata de dar transparencia al sistema y prevenir los conflictos de interés. Hoy la ciudadanía exige un estándar de transparencia y de probidad mucho más alto, y creo que este proyecto va justamente en ese sentido. Quienes ejercen cargos públicos no pueden pasar del Estado al mundo privado sin que ello implique eventuales conflictos y una forma de prevenirlos es la que está planteando el Gobierno”, comentó.
El seremi de Gobierno de la anterior administración, Enrique Inostroza, comentó que “la discusión no puede centrarse solo en los parlamentarios. Esperamos que el gobierno enmarque esta discusión en la modernización de todo el aparato del Estado para evitar conflictos de intereses”.
En su opinión, “al ser el Parlamento una institución colegiada la capacidad de influencia en materias particulares de un solo parlamentario es menor. Más relevante es lo que ocurre en muchas áreas del Ejecutivo, tanto de ex funcionarios que pasan del sector público al privado como también de ejecutivos del sector privado que pasan al sector público, en temas donde tienen intereses”.
Respecto a lo último, criticó que en el actual gobierno se dé con frecuencia, “siendo lo más ejemplar la llegada de un ex alto ejecutivo de laboratorios al cargo de asesor principal de la Cenabast”. Lo anterior, en alusión a Juan Carlos Corbeaux, director hasta marzo de la Cámara de Innovación Farmacéutica que agrupa a los laboratorios internacionales en Chile y hoy asesor del director de Cenabast.
Francisco Merino, ex director regional del Serviu al anterior administración del Presidente Piñera, dijo que “era súper sano” que se regulara la situación.
“Cuando uno es autoridad maneja mucha información que transciende el gobierno de turno, que son de Estado. Esa información no la maneja cualquier ciudadano. Restringir en los temas donde uno tiene línea directa es mejor para todos, en términos de transparencia”, comentó.