Política

Análisis internacional: Derechos Humanos, pena de muerte y democracia

Por: Diario Concepción 25 de Febrero 2018
Fotografía: Pexels

Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional

Este comienzo de año ha sido duro para los derechos humanos. Desde las voces en Chile que comenzaron a alzarse a favor de la pena de muerte, a aquellas en Estados Unidos que insisten en defender la enmienda constitucional que les permite poseer y portar armas, el mensaje final es que la violencia se combate con más violencia. Y eso es justamente lo contrario a lo que busca proteger el sistema internacional en general, y más aún el derecho internacional de los derechos humanos.

El propósito fundamental de la Organización de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, mientras que los derechos fundamentales se construyeron considerando que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Bajo estos parámetros, ¿cómo es posible que aún glorifiquemos a la violencia y la consideremos la solución a todos los males?

Luego de que el pasado 14 de febrero un joven de 19 años le quitara la vida a 17 personas, mayoritariamente niños, en un tiroteo masivo en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en el Estado de Florida, en Estados Unidos, nuevamente el debate sobre el derecho a portar armas salió a la luz. Esto se ha convertido en un ciclo que se repite una y otra vez en el país del norte. Luego de un mortal atentado, especialmente si sucede en un colegio, se genera un apasionado debate sobre si las armas deberían poder ser adquiridas por cualquiera. Sin perjuicio de los mensajes de cortesía hacia las víctimas, donde todos sostienen que las tendrán “en sus pensamientos y oraciones”, el debate queda en nada. Cualquier persona en Estados Unidos puede adquirir y portar un arma. Y aunque los defensores de este derecho señalan que es una forma de legítima defensa, tragedias como las de Columbine, Sandy Hook o Virginia Tech se siguen repitiendo.

Lo más increíble es la solución del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en vez de cuestionar la norma, o al menos sugerir reformas, ha señalado que la respuesta es armar a los profesores. Indicó que la mejor forma de disuasión sería que si un potencial “tirador enfermo mental” supiera que en las escuelas hay un “gran número de talentosos profesores con armas que dispararán instantáneamente”, él jamás atacaría esa escuela. Trump añade en su tuit que “los cobardes no irán ahí, problema resuelto”. Es insólito que la respuesta a una de las masacres escolares más mortales del mundo sea tan simplista, tan ignorante, tan irrespetuosa para las víctimas, sus familias y la comunidad académica en general.

¿Y en casa?

Lamentablemente en nuestro lado del mundo no estamos mucho mejor. La trágica muerte de Sophia nos dolió a todos. Pero el debate que ha generado es preocupante. Estamos acostumbrándonos a esperar que sucedan tragedias de la magnitud de la de Sophia para reaccionar. Y cuando lo hacemos, perdemos de vista el objetivo. Leí con horror comentarios en las redes sociales, en los que lo peor de las personas salió a la luz, donde muchísimos, algunos tal vez sin darse cuenta y otros sin ningún disimulo, se transformaban en criminales. Incluso quienes se autodenominan pro-vida llamaron a instaurar la pena de muerte. Pero todos se olvidan de dos factores de suma relevancia. El primero es que la responsabilidad del Estado y de la sociedad es de prevenir.

El foco no debería estar en cómo castigamos a quien comenta un crimen de esa dimensión, sino que en cómo evitamos que algo así suceda nuevamente. Y el segundo es que Chile es parte activa de una comunidad internacional que ha regulado estas materias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966 y ratificado por Chile en 1972, consagra el derecho a la vida e insta a los países a abolir la pena de muerte. Con el objetivo de concretar dicha promoción, entendiendo que ella contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos, en 1989 se adopta un Protocolo adicional a dicho Pacto, en el que los países parte se comprometen a “no ejecutar a ninguna persona”. Chile ratificó dicho Protocolo en 2008. Entonces hablar de pena de muerte no sólo es un retroceso ético, sino que también político y jurídico.

¿Problema generacional?

Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, aproximadamente un 65% de los chilenos aprueba el reestablecimiento de la pena capital. Luego del asesinato de Sophia se veía un cartel en un concurrido sector capitalino que leía “pedófilos muertos, problema resuelto”. En el otro extremo del continente tenemos la misma visión simplista de Trump. Creemos ciegamente que la violencia combatirá la violencia. Pensamos que podemos dejar de lado los valores que sostienen la democracia, olvidando la lucha que significó en Chile y en el mundo su establecimiento.

Cabe cuestionarse si esto será un problema generacional. Según un estudio publicado por el New York Times, el porcentaje de personas que creen que es esencial vivir en democracia ha bajado considerablemente –en promedio un 40%– desde la década de los ‘30s. Probablemente quienes subestiman la democracia no entienden lo que significa vivir bajo un régimen autoritario. El derecho a portar armas y a ejecutar a nuestros delincuentes va en esa dirección. Cuando comenzamos a disponer libremente de la vida de los demás, hacemos irrelevantes todos los avances en materia de derechos humanos que hasta ahora hemos conseguido.

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