Tras una larga tramitación y luego de la sesión fallida, la mañana del martes, por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados realizó una sesión especial para despachar el proyecto de ley de Seguridad Municipal con 106 votos a favor y 18 abstenciones.

La iniciativa, que modifica la ley N° 18.695, busca fortalecer la institucionalidad de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito, respondiendo a una demanda histórica de alcaldes y alcaldesas de todo el país.

La propuesta, considerada un hito en la modernización de la gestión local contra la delincuencia, fue despachada tras ratificarse todas las indicaciones provenientes del Senado, evitando así su paso a una comisión mixta.

“Valoramos profundamente que la Cámara haya aprobado las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en seguridad pública y prevención del delito”, manifestó el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes.

De la misma forma, Fuentes sumó que “el Congreso despacha una herramienta clave que permitirá a los municipios contar con mayores atribuciones, mejor coordinación y más capacidades para proteger a nuestras comunidades. Este avance responde a una demanda urgente de los territorios y nos permitirá actuar con más eficacia frente a los desafíos de seguridad que viven nuestros vecinos y vecinas”.

Entre sus principales características, la ley crea por primera vez la figura legal del inspector de Seguridad Municipal, estableciendo requisitos, funciones, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su trabajo. Este rol incorpora labores preventivas autónomas y funciones de apoyo a las policías, las cuales deberán ejecutarse bajo protocolos claramente definidos.

Otro avance que trae la normativa es el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos actores. Para ello se crea el Comité Operativo de Seguridad, un organismo liderado por el alcalde o alcaldesa e integrado por el director de Seguridad, Carabineros, la PDI y representantes del Ministerio Público, que deberá articular el trabajo con los municipios y los Gobiernos Regionales.

Adicionalmente, se habilita la contratación de personal de seguridad bajo el Código del Trabajo y se regula la posibilidad de hacerlo a través de asociaciones municipales de seguridad, ampliando así las alternativas de los gobiernos locales para estructurar sus equipos preventivos.