El caso de Virginio Gómez ejemplifica la disyuntiva que enfrentan las instituciones que según el actual diseño de la ley no podrán adscribir a la gratuidad si no es desprendiéndose de buena parte de su infraestructura y bienes, lo que implica una precarización de su actividad.
El caso de Virginio Gómez ejemplifica la disyuntiva que enfrentan las instituciones que según el actual diseño de la ley no podrán adscribir a la gratuidad si no es desprendiéndose de buena parte de su infraestructura y bienes, lo que implica una precarización de su actividad.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
Sólo siete Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) de todo Chile podrían acogerse a la recientemente despachada ley que permite su transformación en entidades sin fines de lucro: los CFT de Tarapacá, Talca e Inacap y los IP Virginio Gómez, Inacap, La Araucana y Chile.
Aunque Inacap ha despejado recientemente la duda, afirmando su rector Gonzalo Vargas que ya está trabajando en la conversión jurídica, la determinación para el resto de las instituciones no está del todo clara. Más, cuando algunas como Virginio Gómez podrían ver seriamente amenazado su patrimonio por adscribir a la gratuidad.
Contradicciones
Una de las dificultades es que no es una, sino varias las iniciativas que apuntan a la naturaleza jurídica de estos organismos. Se suman al proyecto de ley despachado esta semana, la glosa presupuestaria para la gratuidad 2017 y la discusión que vendrá en el marco de la gran reforma de la Educación Superior.
El problema es que no sólo son propuestas distintas, sino, además, contradictorias. Mientras en la ley que acaba de tramitarse se permite en lo global que IPs y CFTs "se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro, regidas por el Código Civil mediante la modificación de sus estatutos constitutivos, manteniendo inalteradamente su personalidad jurídica"; el proyecto de la reforma incorpora exigencias que complejizan esta transformación.
Una de ellas es la restricción de la vinculación comercial con sociedades relacionadas lo que impediría a los inversionistas recuperar el capital y la infraestructura y, por lo tanto, obligaría a ceder los activos a la nueva naturaleza jurídica o a retirarlos, lo que en cualquier caso representa un perjuicio para las partes.
Cabe consignar que, a diferencia de las universidades, en que el lucro está prohibido, en las entidades técnicas estuvo históricamente amparado por la ley.
Virginio Gómez
En lo referido a Virginio Gómez, el IP con más de 10 mil alumnos en sus sedes de Concepción, Chillán y Los Ángeles, al pasar a constituirse como una Corporación, deja de ser propiedad de la Universidad de Concepción, pero en el proceso, además, deja confinados varios de los activos del Instituto comprometidos en el Sistema Financiero, que hasta hoy han servido para garantizar las inversiones requeridas y que no están en condiciones de ser traspasados a una persona jurídica distinta.
Así son tres los escenarios posibles, describe el senador Víctor Pérez: 1) La UdeC tendría que traspasar toda la infraestructura del instituto a la nueva sociedad, 2) Arrendarla con el riesgo de ser acusada de lucrar y 3) No traspasar la infraestructura, situación donde el Ministerio de Educación podría intervenir el IP por insolvencia de su proyecto educativo. Ninguno de ellos, dice Pérez, es beneficio ni para los alumnos ni para la institución.
"Cualquiera sea la alternativa que llegue a escoger dañará seriamente el patrimonio de la institución universitaria que pertenece a todos los penquistas".
Retorno de capital
Uno de los parlamentarios más críticos con este condicionamiento ha sido el representante de la UDI e integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Jaime Bellolio.
"El gobierno se da cuenta de que mucha de la infraestructura de los CFT y los IP es un capital que tiene un retorno en el largo plazo y que en muchos casos no se ha cumplido todavía, entonces obligar a los a que donen esa infraestructura a una fundación es absurdo, porque simplemente, económicamente no pueden, quiebran, no son capaces de hacer frente a la deuda que es lo que le permitió su construcción", acusa.
Frente a esto agrega, la solución entregada por el gobierno ha sido la propuesta de un traspaso parcial de la infraestructura de modo entregar una opción para la recuperación de los activos, "pero el proyecto de ley que viene dice que no puede haber transacciones entre relacionados y luego si la institución no cuenta con la infraestructura necesaria no estará acreditada", remata.
Pérez coincidió con Bellolio y aseguró que la situación genera un grave daño a la educación superior de la Región del Bío Bío. "El futuro del instituto Virginio Gómez de la Universidad de Concepción es absolutamente incierto", declaró.
El representante de la cámara alta fue más allá y acusó un "maltrato" sostenido en contra de la Universidad de Concepción, argumentando además intencionalidad en estas actitudes a fin de privilegiar a las instituciones estatales. "Lo vimos antes también con el retiro de los aportes basales".
La senadora Jacqueline van Rysselbeghe puso énfasis en que en el caso de este Instituto Profesional, aunque tiene fines de lucro en su concepción actual, "no pertenece a un grupo económico particular sino que es de la Universidad de Concepción, existe una relación virtuosa en la que se potencian ambos y que va a tener que deshacerse, por lo tanto, eso es malo para la Universidad, pero también lo es para el instituto".
Frente al argumento del carácter voluntario de la gratuidad, Van Rysselberghe, la senadora descartó que las instituciones tengan plena libertad de elección. "Lo que sucede es que si no adscriben los alumnos no van a tener beneficios, porque no va a cambiar su razón social".
Para Bellolio: "una institución que no decida transformarse en sin fines de lucro en el fondo está firmando su propia sentencia de muerte porque el proyecto que viene a continuación dice que al tener fines de lucro sus estudiantes no puede tener acceso a ninguna beca ni a ningún crédito, sin importar la calidad".
De hecho, según la propuesta de gobierno el compromiso es avanzar hacia una gratuidad universal, lo que haría desaparecer en el futuro becas y créditos y, por lo tanto, restringiría la existencia de las instituciones que en el presente no adscriban.
Nueva Mayoría
Sin embargo, pese a haber aprobado en las votaciones, los proyectos en trámite, desde la Nueva Mayoría reconocieron también las dificultades que enfrenta el nuevo proceso. El senador Felipe Harboe aseguró haber sostenido ya algunas reuniones con representantes de la UdeC. "Estamos en conversaciones con las autoridades de la universidad y el ministerio para crear una figura que se considere dentro de la gratuidad y garantizando no tener lucro, se permita la estructura relacionada con la universidad de Concepción, ya que su aporte a la Corporación Cultural y la investigación son muy importantes para la Región".
Añadió la ley debe crear una regulación general pero hacerse cargo de las situaciones particulares donde probadamente constituyen un aporte a lo público.
El senador Alejandro Navarro, argumentó que al depender de una universidad sin fines de lucro la institución no debiera presentar problemas. "Los ingresos que tiene (Virginio Gómez) van a una sociedad que no hace lucro", analizó, destacando también la relevancia de la institución para la Región.
Para el diputado Cristián Campos claramente se trata de una situación que debe ser abordada en el Parlamento. "No solamente es una dificultad desde donde se desprende el Virginio Gómez en su esencia, sino que también en lo docente, en investigación y ahí es donde hay que buscar un mejor acuerdo… El valor agregado que tiene el instituto es que todo el mundo sabe que está al amparo de la UdeC".
Se trata en definitiva de una discusión pendiente y que podría afectar a otras instituciones, como los CFT e IP dependientes de las universidades de Valparaíso y Austral de Valdivia y que dejará fuera a varias de las 25 entidades técnicas que el año pasado habían manifestado su intención de modificar su estructura para acceder a la gratuidad.