El senador oficialista dijo que prueba de que las regiones seguirán dependiendo del centro, es la demora en el proyecto de ley que entrega facultades financieras a los gobiernos regionales.
El senador oficialista dijo que prueba de que las regiones seguirán dependiendo del centro, es la demora en el proyecto de ley que entrega facultades financieras a los gobiernos regionales.
Ángel Alexis Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
Actualmente, el proyecto de ley que promueve la elección directa de intendentes, pareciera centrarse en un hecho particular, el porcentaje de votación que deberían obtener los futuros gobernadores regionales para ser electos como tales.
En los últimos días, en especial luego del acuerdo que el Ejecutivo alcanzó con una parte del oficialismo, se habla de un umbral del 40%. De hecho, el miércoles el Ejecutivo ingresó esta indicación para intentar destrabar la iniciativa que, además, es promesa presidencial de la actual Jefa de Estado, Michelle Bachelet.
Sin embargo, no son pocas las voces, tanto en la oposición como en el oficialismo, las que no están convencidos con las elección directa de la máxima autoridad regional. Entre las voces oficiales está el senador de la Circunscripción Cordillera, Felipe Harboe (PPD).
"Mi preocupación es que algunos han intentado crear la sensación de que la sola creación de una autoridad electa implica descentralización y la verdad es que el hecho sólo implica la democratización del cargo", manifestó el congresista.
El representante del PPD dijo que lo que no se dice es "que las decisiones se van a seguir tomando en Santiago. Prueba de ello, es que más allá del proyecto de transferencia de competencias, que le otorga más facultades al futuro intendente, todavía no ingresa la iniciativa que le entrega competencias presupuestarias. Esto porque, lo más probable, es que el Ministerio de Hacienda y, particularmente, la Dirección de Presupuesto, no esté disponible para entregar parte de su poder a la nueva autoridad electa".
Agregó que en el actual escenario, y de concretarse la elección directa, "cuando ese gobernador o gobernadora regional asuma en marzo de 2018 y sea demandado por los ciudadanos para resolver un problema, va a tener que pedirle autorización a Santiago. Mi percepción es que eso no es lo que quieren los ciudadanos. Estoy de acuerdo con la descentralización. Siempre lo he dicho, aquí y ahora, ley de rentas regionales, pago de patentes en las regiones, autonomía presupuestaria, posibilidad de endeudamiento, altiro. Pero nada de eso viene en el proyecto de fortalecimiento. Entonces, podemos estar creando una figura que crea una expectativa de descentralización, pero, en la práctica, no resuelve los problemas del territorio".
En su opinión, lo que se ha creado hasta ahora es un cargo político, pero sin mayores facultades y lo ejemplificó de la siguiente forma:
"El futuro gobernador regional va a tener atribuciones respecto a la Estrategia Regional de Desarrollo, pero si al ministro de Obras Públicas se le ocurre priorizar el financiamiento de una ruta determinada que vaya en contra de esa estrategia, primará el criterio de Obras Públicas, porque los presupuestos son sectoriales".
– Entonces, por lo que usted dice falta mucho camino por recorrer y, en ese sentido, su concreción en 2017 no es posible.
– Sí, yo planteaba que se partiera al revés. Es decir, definir como se administran los territorios, qué grado de poder le vamos a dar y qué competencias y presupuesto le vamos a entregar. Partir por la electividad se podría traducir en tener un señor o una señora que en vez de contener los conflictos sociales, conduzca esos conflictos como mecanismo de presión.