Es común ver actualmente en las redes sociales comentarios críticos respecto a publicaciones en los medios de prensa sobre aspectos jurídicos y técnicos que adolecen de errores en materias de opinión. Ejemplos claros son: la conceptualización errónea de la formalización, que la sociedad suele confundir con la dictación de sentencia condenatoria contra el imputado; o la creencia de que es el juez quien realiza la formalización y acusación, cuando en realidad corresponde al Ministerio Público comunicar los hechos que investiga y, posteriormente, acusar por los delitos que estime pertinentes. El juez, en este contexto, no puede ni debe intervenir en la determinación de los hechos ni en la selección de los delitos por los cuales se acusará, puesto que es el Ministerio Público quien posee el mandato exclusivo de investigar los hechos constitutivos de delitos (Art. 83 CPR, Art. 3 CPP, Art. 77 CPP). Separación de funciones que es característica del sistema acusatorio y lo diferencia del anterior sistema inquisitivo. El juez está incluso prohibido de condenar por delitos distintos a los formalizados y acusados (Art. 229, Art. 229 bis, Art. 259 y Art. 341 CPP).

Naturalmente, la ciudadanía desconoce estos aspectos jurídicos porque la educación en estas materias se encuentra limitada a las instituciones académicas especializadas y enfocada principalmente en quienes aspiran a ejercer la profesión de abogado.

Pero como receptores de estos saberes, es nuestro deber expresarlos a la ciudadanía, ya que monopolizar el conocimiento no es más que condenar a los demás a la ignorancia. Es fundamental educar a la ciudadanía sobre estos asuntos para que cada uno forme una opinión razonada. Y, considerando que sea que la conozcamos o no, a la hora de su aplicación nadie podrá alegar ignorancia de la ley desde que ésta haya entrado en vigencia (Art. 8 CC).

Agustín Ramírez Morales
Ayudante del Centro de Estudios Europeos UdeC
Miembro del Equipo de Litigación Internacional en Derechos Humanos