Tras ochenta años de la Conferencia de San Francisco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es cuestionada por diversas de sus características estructurales. Inaugurada en 1945 en un contexto marcado por la posguerra y la necesidad de promover la paz internacional, el organismo nace atravesado por el ideario multilateralista y la realidad del poder de las potencias, tensiones que persisten hasta la actualidad.
En el transcurso de su trayectoria, la ONU ha realizado grandes aportes trascendentales en materia de mantenimiento de la paz y desarrollo del derecho internacional. Estos logros coexisten con crecientes dificultades para responder de forma eficaz a los conflictos contemporáneos, caracterizados por una progresiva complejidad geopolítica y un visible deterioro de los consensos internacionales.
En este contexto, el Consejo de Seguridad (CSNU) emerge como el principal núcleo del problema. Su diseño, prácticamente inalterado desde su fundación, y el uso del veto por parte de los miembros permanentes han erosionado la legitimidad de la organización. El veto, que fue instalado en la creación y fue necesario para garantizar la participación de las grandes potencias, actualmente opera como un elemento que limita la capacidad de acción colectiva frente a conflictos de carácter bélico y crisis humanitarias que transitan diversas zonas del mundo. Diversos autores señalan que el veto ha evolucionado hasta convertirse en una “moneda de negociación” en la diplomacia internacional, a menudo desvinculada de los méritos sustantivos de una resolución.
Este octogésimo aniversario de La Carta de la ONU constituye entonces una oportunidad para analizar la vigencia del organismo y la necesidad de su reforma, amparada en gran medida por diversos países principalmente del Sur Global y Asia. ONU continúa siendo una institución necesaria, no obstante deficiente en su modalidad actual. En la medida en que el orden internacional actual está sujeto a críticas y fragmentación, la promoción de reformas graduales, especialmente en la composición del CSNU es necesaria con la finalidad de fortalecer el sistema multilateral. Por tanto, se propone una reforma basada en la creación de escaños semipermanentes o de largo plazo, con mandatos renovables, como vía más realista para generar avances. La reforma debería implementarse en dos fases: una inicial, centrada en estos nuevos escaños, y otra de más largo plazo, orientada a la revisión de la membresía permanente hacia 2045.
Lucía Álvarez Casanova
Universidad ORT Uruguay
CEE UdeC