Este es un gran paso, y tal como lo mencionaron los jefes comunales beneficiados con esta ley, esta debe ser una de las políticas públicas de mayor efecto en materia de descentralización en la última década.
Daniela Dresdner Vicencio
Delegada Presidencial del Biobío
“Estamos viendo que la riqueza de Chile no se va al extranjero, sino que queda en nuestro país y en las comunas”. Esta frase de la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, viene a ilustrar el espíritu de la Ley de Royalty Minero que entró en vigencia en enero de este año y que viene a redistribuir de manera más equitatiava la recaudación del Estado de Chile hacia las regiones y especialmente, hacia las comunas históricamente rezagadas en presupuesto y por ende, en desarrollo.
“Agradecemos mucho estos recursos, que descentralizan el presupuesto de la nación”, complementaba el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, cuya comuna va a recibir, gracias a esta ley, casi un 7% adicional a la recaudación anual del municipio. Así de impactante y diferenciador puede llegar a ser un acuerdo a todas luces descentralizador, concreto y que pone el foco del Estado en hacer justicia con los territorios.
Originalmente, la entrada en vigencia de este cuerpo legal venía recién en 2025 a beneficiar a las 30 comunas de la Región del Biobío. Pero, éstas comunas recibieron este año las transferencias de fondos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, debido al acuerdo del Presidente Gabriel Boric y el Congreso. Esto permitió anticipar un 50% del total de los recursos, que vienen a dar la posibilidad a los municipios de dar respuestas inmediatas a la ciudadanía de sus urgencias.
Este es un gran paso, y tal como lo mencionaron los jefes comunales beneficiados con esta ley, esta debe ser una de las políticas públicas de mayor efecto en materia de descentralización en la última década. Debemos destacar que la Región del Biobío recibirá por sobre los 7 mil 384 millones de pesos para el 91% de las comunas, es decir 30 de los 33 municipios. Lo que claramente viene a confirmar que para financiar políticas públicas y mejoras en todos los territorios, la recaudación de más impuestos es la llave para ir acortando las brechas que tenemos en diversas áreas como la seguridad, la salud, las pensiones, la educación o la vivienda, que en definitiva van a impactar en la calidad de vida y en el bienestar de la ciudadanía.
A pesar de los kilómetros de distancia que tenemos de la minería del cobre, esa riqueza, que generamos a través de la extracción de recursos naturales que pertenecen a las y los chilenos, es la que está siendo redistribuida de manera equitativa. A eso apunta un Estado presente, encarnado en la administración local como son los municipios; que salda su deuda con los territorios más rezagados, que reconoce que la descentralización se debe atacar con reformas concretas y que reafirma que, con mayores recursos, podemos entregar justicia y bienestar social a la ciudadanía.