José Rebolledo
Fundación Tierra Esperanza
Avanzar en la educación de jóvenes en conflicto con la justicia debe ser un imperativo ético del Estado con el cumplimiento de los derechos universales que cada uno de ellos y ellas tiene.
Cuando hablamos de índices de rezago escolar y de adolescentes fuera del sistema escolar, como los informados recientemente por el Ministerio de Educación, no debemos olvidar que también se encuentran ellas y ellos en este segmento de la población. Ya en el año 2021, según datos de Sename, 4.246 adolescentes ingresaron al circuito de Justicia Juvenil por medida cautelar o cumplimiento de sanción y un número importante, con altos índices de repitencia y abandono escolar.
El nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil es una oportunidad para fortalecer la oferta programática en esta línea, donde el apoyo socioeducativo y de inserción sociolaboral se convierte en un eje central para la entrega de herramientas concretas que contribuyan a sus vidas.
La experiencia de trabajo que la Fundación Tierra de Esperanza tiene con adolescentes en conflicto con la ley penal, permite constatar una serie de problemáticas ligadas a la educación, las que se configuran como una de las principales expresiones de vulneración de derechos y de marginación social. Éstas se refieren principalmente a la deserción y exclusión escolar, desescolarización, atraso escolar, atraso pedagógico y dificultades de inserción en escuelas y liceos, producto de la estigmatización social que pesa sobre ellos, y por otra parte, por la falta de un currículo flexible que permita su incorporación a la educación formal.
Las necesidades educativas de los y las jóvenes requieren que la intervención apunte a favorecer procesos de calidad para la reinserción escolar, así como a la detección de necesidades educativas especiales y la nivelación de competencias para la adecuada incorporación a programas de educación escolar formal.
Para responder a estas necesidades la especialización es fundamental. El abordaje debe ser pertinente a la realidad, excluyendo modelos estandarizados, y dando una respuesta complementaria a los objetivos que plantea la ley 20.084, donde la sanción que reciben por los actos delictivos, debe formar parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.
Lo anterior, reitera que la especialización y la oferta socioeducativa son indispensables para abordar las características específicas de la población atendida por el circuito de justicia juvenil y el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil debe velar por su fortalecimiento.