Lo observado en estos últimos meses nos puede servir de insumo para continuar en la construcción de un sistema educativo de calidad, partiendo por incluir y poner en valor la experiencia de profesores y directivos en la gestión de los procesos educativos para redefinir o reorientar las políticas públicas en educación.
Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia (GIDHD)
Universidad de Concepción
La educación es uno de los ámbitos más complejos de la sociedad. En ella, o a través de ella, no solo se establecen y explicitan los idearios societarios y formativos, sino que también los distintos itinerarios que pueden elegir sus ciudadanos y ciudadanas para la concreción de sus proyectos individuales y colectivos, ya sea en el presente o en el futuro. La relación que se establece es bidireccional, porque si bien en este proceso se define a priori un modelo de sociedad y de ciudadano(a), estos últimos van plasmando, por acción u omisión, su lugar y mayor o menor compromiso con la construcción de los idearios societarios y formativos.
Esta bidireccionalidad hace que los sistemas educativos sean centro de atención y preocupación permanente de la sociedad, no siendo pocos quienes la responsabilizan de parte de los males y problemas que la aquejan. En nuestro, país en las últimas décadas, estas preocupaciones han ido quedado plasmadas en un conjunto de políticas públicas promovidas en el ámbito educativo para sus distintos niveles, como la Ley General de Educación (2009), Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (2011), la Ley sobre Violencia Escolar (2011), la Ley de Inclusión Escolar (2015), Ley de Formación Ciudadana (2016) y la Ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública (2017), entre otras.
A pesar de estos ajustes, el estado de calamidad pública por el que ha atravesado el país ha demostrado en muy pocos meses que aún hay asignaturas pendientes en lo referido a las obligaciones y responsabilidades del Estado en materia del derecho a la Educación. Es cierto que las políticas públicas educacionales de la última década representan una propuesta educativa que promueve un sistema educativo que abogue por una sociedad inclusiva, democrática, ciudadana, descentralizada y con claros estándares de equidad y claridad, no obstante, lo ocurrido en materia educacional en los últimos meses también ha puesto en evidencia tres cuestiones fundamentales.
Primero, la estrecha relación y vínculo entre la sociedad y su sistema educacional, y entre el sistema educacional y la sociedad en la que se inserta, lo que nos hace reafirmar y poner en valor la bidireccionalidad existente entre este macro y microsistema. Segundo, los altos niveles de desigualdad del sistema educativo, que muestra distintas caras y realidades en el acceso a una educación de calidad, según los recursos disponibles en cada familia. Tercero, está el hecho que para que un niño, niña o adolescente estudie en nuestro país, se debe ir más allá de la libertad de enseñanza, pues existen factores estructurales que hacen absolutamente inviable acceder a espacios de formación de calidad.
Lo anterior, en el transcurso de la pandemia, se ha plasmado en diversas situaciones que han tensionado, no solo el funcionamiento del sistema educativo y acceso a la educación, sino también el aprendizaje de miles de niños, niñas y adolescentes. La posesión de un computador con acceso a internet en su casa, con la posibilidad de utilizarlo a distintas horas, o las características y capacidades del establecimiento educacional al que la familia ha podido acceder, son solo algunos de los factores que inciden fuertemente en el aprendizaje.
Lo observado en estos últimos meses nos puede servir de insumo para continuar en la construcción de un sistema educativo de calidad, partiendo por incluir y poner en valor la experiencia de profesores y directivos en la gestión de los procesos educativos para redefinir o reorientar las políticas públicas en educación. Como país tenemos la oportunidad de seguir avanzando hacia un modelo de administración educacional que definitivamente responda a las diversidades del territorio y sus comunidades, y reconozca las capacidades del profesorado y comunidades educativas para una gestión del currículum más autónoma.
* El GIDHD UdeC está integrado por las académicas Amaya Alvez, Cecilia Bustos, Ximena Gauché, Elizabeth Parra, Cecilia Pérez y Jeanne Simon, y los académicos Jaime Contreras, Carlos Muñoz y Bastián Torres