El parlamento tiene un reglamento que, finalmente, ampara abusos.
Jorge Condeza Neuber
Ing. Comercial
Muchos se sienten sorprendidos que en la votación para destituir a Guevara había senadores de vacaciones, otros que no fueron o algunos que usando los pareos justificaban no manifestar su opinión.
Esto en la cámara de diputados ocurre a diario y si bien en muchos casos las ausencias son para que la contraparte no logre los quórum que la ley exige en votaciones complicadas, en otros sencillamente son abusos que ocurren a vista y paciencia de todos.
Está ya documentado que los parlamentarios utilizan fórmulas para ausentarse cuando quieren, sin que les signifique ningún costo. Usan las semanas distritales para irse de vacaciones al extranjero; algunos usan las semanas en que deben asistir a Valparaíso para tomar vacaciones extras en cualquier época del año y justifican que han pedido permiso sin goce de dieta. Lo que no saben los votantes es que, a ellos, por semana de trabajo que no asisten con esa formulita les descuentan sólo $375.000 y por la semana distrital cero. Podrían faltar el mes completo y recibir $8.300.000 bruto.
Cuento aparte son las licencias médicas y los llamados impedimentos graves. Hay casos en que justifican no ir por tener un familiar enfermo y eso constituye un “impedimento grave”. Averigüen que dice la ley si usted tiene un pariente enfermo y cómo se compensan los permisos (art. 199 CT).
Da risa los casos en que faltan usando el “actividades propias de la función parlamentaria” y luego los descubren haciendo algo personal. Como presentarse al juzgado por una querella, como ocurrió con una diputada de la zona. O el caso de un diputado que muchos jueves no puede asistir “por ser jefe de bancada” y así trabaja en Valparaíso martes y miércoles.
Una diputada contrajo matrimonio y quería que los 4 días de permiso se los dieran parcializados y entremedio una semana distrital.
No es sólo la dieta. El parlamento tiene un reglamento que, finalmente, ampara abusos. Una comisión de asignaciones que debería ser eliminada y otra de ética que aplica sanciones ridículas por asuntos graves. No se aplica la ley 20.285 en el parlamento y la justicia hace vista gorda de muchos casos que deberían ser investigados y sancionados.
El asunto es ético y estar en el suelo en las encuestas no les hace mella. Pero los cambios son urgentes y sólo pueden ocurrir si realmente exigimos más.