Erradicar esta forma de corrupción constituye todo un desafío, ya que una vez arraigado como modelo de conducta, genera una serie de intereses cruzados.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, Doctor en Derecho
Una de las más brutales manifestaciones de la corrupción es el clientelismo, que es una estructura de intercambio de recursos entre un patrón político y clientes que pertenecen a distintos medios sociales y profesionales. Los intercambios son siempre personalizados y se desarrollan en redes que revelan una penetración de los intereses privados en la esfera pública. Según Jean Cartier-Bresson, ésta podría tener lugar en tres niveles:
a) El primer nivel es entre el patrón, dueño de la maquinaria política, y los electores transformados en clientes. El acceso privilegiado a los servicios públicos (escuelas, hospitales, viviendas sociales, por ejemplo) se ofrece a cambio de un apoyo militante o a cambio de votos. El término “patrón” equivale al de “empresario político” e implica una forma de privatización de la función política. El bien común es sustituido por la ganancia personal que recibe el empresario político. El estatus de cliente no es compatible con el de ciudadano. Este es un mero consumidor de “prestaciones o servicios sociales”. Aquellos excluidos de la red clientelar quedan en una situación de fragilidad y menosprecio.
b) El segundo nivel de clientelismo es entre el patrón y sus colaboradores. El acceso privilegiado a empleos públicos se intercambia por lealtad al proyecto político, integración a la maquinaria política y acceso a algún cargo. No se recluta a dichos funcionarios por su mérito ni por sus capacidades, sino simplemente porque forman del mecanismo que permite ofrecer de manera discrecional los bienes y servicios públicos a los clientes del primer nivel. Aquí se ubican los operadores políticos. Esto permite a ciertas autoridades anquilosarse en sus cargos públicos, ya que los que deben pedirles que rindan cuentas o perseguirlos por los ilícitos consumados forman parte de su red.
c) El tercer nivel es entre el patrón político y los empresarios. Favores como el acceso privilegiado a las autorizaciones administrativas o la tolerancia frente al incumplimiento de la ley (contaminación, evasión de impuestos) se cambian por dinero. Este dinero permite el enriquecimiento del patrón político, se redistribuye parcialmente entre los funcionarios que integran el sistema clientelista bajo la forma de bonificaciones o se utiliza para la contratación de “expertos” (consejeros políticos) y también para financiar campañas electorales.
Erradicar esta forma de corrupción constituye todo un desafío, ya que una vez arraigado como modelo de conducta, genera una serie de intereses cruzados, que son necesarios para los que monopolizan el ejercicio del poder.