Senapred destacó el trabajo integrado con las empresas, mientras Corma advierte que la simultaneidad de siniestros tensiona la capacidad de respuesta del sistema.
Con la temporada de incendios forestales 2025–2026 ya en curso, la Región del Biobío vuelve a enfrentar un escenario de alta recurrencia. De acuerdo con el monitoreo de Conaf, al cierre de la primera quincena de diciembre se registraron más de 260 incendios y cerca de 500 hectáreas afectadas en la región, cifras que, aunque variables respecto de temporadas anteriores, confirman la persistencia del riesgo en un territorio marcado por amplias zonas rurales e interfaz con áreas pobladas.
En ese contexto, la preparación frente a siniestros se encuentra en desarrollo y no se restringe al período estival. Parte relevante de este trabajo involucra al rubro forestal, que opera —según información entregada por las propias empresas— con planes permanentes de prevención y combate, inversiones estructurales y esquemas de coordinación anticipada con organismos públicos, integrándose al sistema regional de gestión del riesgo.
Dentro de dicho esquema, tanto CMPC como Arauco concentran una parte significativa del despliegue privado.
“Lo medular es siempre resguardar la vida de quienes se ven enfrentados a estos siniestros”, sostuvo el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle. Y en una línea similar, Arauco plantea que “prevenir requiere compromiso, coordinación y acción conjunta”, aludiendo a la necesidad de abordar el fenómeno más allá de la respuesta inmediata.
Tal foco se expresa en la magnitud de los recursos comprometidos por la gran industria forestal. A modo de referencia, Arauco informó una inversión anual de 64 millones de dólares destinada a prevención y combate de incendios, con una estructura que considera 130 brigadas operativas —34 de ellas nocturnas—, 12 mecanizadas, 40 equipos de fuerza de tarea y cerca de 170 personas dedicadas a labores de apoyo en terreno.
En el ámbito aéreo y tecnológico, la compañía detalló la operación de 40 aeronaves, además de drones para operaciones nocturnas, un sistema de detección compuesto por 165 cámaras robotizadas propias y otras 50 pertenecientes a empresas socias de Corma, junto con apoyo de teledetección satelital. A ello se suma el uso de simuladores de incendios y herramientas de navegación satelital que permiten optimizar accesos y coordinar acciones con Conaf y Bomberos.
CMPC, en tanto, reforzó su dotación con 1.083 brigadistas distribuidos en 145 brigadas —terrestres, helitransportadas, mecanizadas y multipropósito—, apoyadas por 21 aeronaves, entre ellas 12 aviones cisterna y 9 helicópteros. Este despliegue se complementa con tecnología de monitoreo en tiempo real, sistemas GPS para seguimiento de brigadistas, puestos de comando con conectividad satelital y un énfasis explícito en capacitación y seguridad, tras los aprendizajes de las últimas temporadas críticas.
Ahora bien, desde el mundo público, esta preparación ha sido validada por Senapred. Su director regional en el Biobío, Alejandro Sandoval, advirtió que la zona enfrenta “un altísimo riesgo de incendios forestales en todo el territorio”, pero sostuvo que el trabajo con el sector privado ha evolucionado más allá de una coordinación puntual. “No podría decir que tenemos solo un trabajo coordinado, sino que más bien integrado”, afirmó, al describir la articulación entre organismos públicos y actores productivos.
Según explicó Sandoval, ese modelo se expresa en una operación conjunta que involucra a Conaf, a las grandes empresas forestales y a los cuerpos de bomberos en la región.
El director regional añadió que este esquema también incorpora a otros actores estratégicos, como las empresas eléctricas y representantes del mundo productivo, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta cuando las emergencias superan los umbrales habituales. “Eso nos permite articular apoyo privado cuando lo público se ve sobrepasado ante eventos de mayor magnitud”, indicó, subrayando que el sistema sigue siendo perfectible pese a los avances.
Desde el propio sector forestal, sin embargo, se introduce una advertencia relevante respecto de los límites operativos. La gerente de Corma Biobío-Ñuble, Margarita Celis, sostuvo que “podemos tener todos los recursos disponibles, pero en una situación de simultaneidad no vamos a ser capaces”, apuntando a uno de los principales riesgos de la temporada. En ese sentido, recalcó que el énfasis debe seguir puesto en evitar la ocurrencia de incendios más que en ampliar indefinidamente la capacidad de combate.
Celis agregó que, si bien en el Biobío se ha logrado reducir la ocurrencia en los últimos años, el fenómeno sigue siendo preocupante, especialmente en casos de intencionalidad. “El riesgo sigue siendo tremendo y por eso el llamado es a trabajar desde la prevención”, señaló, mencionando el trabajo conjunto con policías, fiscalía y otros organismos para focalizar acciones en zonas donde la recurrencia es mayor.
Así, aunque el fortalecimiento del sector privado y la coordinación público-privada han elevado el estándar de preparación en Biobío, el desafío continúa estando en anticipar la emergencia y reducir su ocurrencia. En un territorio marcado por la expansión de la interfaz urbano-rural y la reiteración de incendios, la prevención territorial y la respuesta integrada siguen siendo factores decisivos para evitar que cada temporada derive nuevamente en escenarios de alta afectación.
En otros aspectos, pese a las consultas de Diario Concepción orientadas a conocer la planificación del Cuerpo de Bomberos de Concepción y los detalles operativos para la temporada (véase, dotación, compra de equipos y gestión de turnos), hasta el cierre de esta edición no se halló una respuesta.
En el plano territorial, la preparación frente a incendios también se expresó mediante iniciativas preventivas en sectores de interfaz. En Concepción, la pyme Phos-Chek Chile, asociada de Corma, realizó la donación de equipamiento a la comunidad de Puente 5, camino a Florida, con el objetivo de reforzar la protección de viviendas ante eventuales amenazas de fuego. La entrega se desarrolló en coordinación con la Red de Prevención Comunitaria (RPC).
El aporte consiste en un equipo diseñado para ser instalado en camionetas, con un estanque de 420 litros y bomba de alta presión, que permite aplicar de forma preventiva espuma retardante sobre viviendas ante riesgo de incendio. Claudio Opazo, socio de Phos-Chek Chile, explicó que el sistema fue definido junto a la RPC y cuenta con certificación internacional NFPA 1906.
Según lo expuesto, el beneficio directo alcanza a unas 1.500 personas del sector, aunque desde la brigada comunitaria señalaron que su radio de acción podría extenderse a cerca de 5.000 habitantes y parceleros del entorno rural.
Desde la comunidad de Puente 5, el director de la Brigada de Emergencia Comunitaria Andalién, Simón Suazo, valoró la donación como un refuerzo concreto para la prevención en un territorio con accesos complejos. “Conocemos el terreno y sabemos por dónde movernos”, concluyó, precisando que el equipamiento permitirá actuar frente a focos incipientes sin reemplazar el rol de Bomberos ni de las brigadas profesionales, sino fortaleciendo la protección temprana del entorno.