Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
Hemos sido sorprendidos por los casos de corrupción en diversas instituciones que creíamos estaban ajenas a fraudes, malversación o derechamente despilfarro de recursos públicos.
Lo notable es que a la fecha no tengamos una comisión de alto nivel que se haga cargo de la modernización urgente que requiere la administración financiera del Estado, y no sólo porque el presupuesto público sigue creciendo enormemente, sino porque el control y la fiscalización han brillado por su ausencia. Sólo para graficar el problema al cual nos enfrentamos conviene destacar que el presupuesto público para el 2019 será de 73.500 millones de dólares, sin sumar los ingresos que manejan los municipios y que pueden agregar varios miles de millones extras que controlar.
Entre los asuntos que claramente se deben revisar están:
Primero, el diseño y fiscalización de los presupuestos públicos. A nivel general se requiere una oficina parlamentaria dedicada al tema que pueda revisar las propuestas, recomendar cambios y asesorar a los parlamentarios que en muchos casos no tienen ningún interés en el tema. A nivel particular rediseñar el control de presupuestos regionales y comunales ya que hoy los órganos fiscalizadores no cumplen su función a cabalidad.
Segundo, una revisión completa del sistema de Contabilidad de la Nación y Control Financiero que permita detecciones tempranas de situaciones de fraude y malversación. No es posible que hoy se entreguen balances con saldos al debe, que deberían estar al haber, y que eso no genere reacciones inmediatas. La tecnología hoy permite luces amarillas y rojas en forma instantánea y el aviso inmediato a los órganos de contraloría interna de cada organismo.
Tercero, modernizar Contraloría y aumentar sus recursos financieros y humanos, ampliando las atribuciones a todos los lugares donde existan recursos públicos. No es posible que aun existan enclaves como el Parlamento, donde es imposible fiscalizar y todo se catalogue como “errores contables” que nunca sabemos cómo son subsanados.
Cuarto, modificar la ley de la Transparencia (20.285) igualando sus procedimiento de amparo y recursos de segunda instancia a todos los organismos públicos y abriendo absolutamente toda la información en la que se involucren recursos públicos.
Por último, una revisión completa de la ley de compras, eliminando todas aquellas ventanas que permiten los chanchullos. Hoy es fácil ver como los convenios marco son “usados” a pesar de existir opciones mas convenientes, como se dividen las compras para no hacer licitaciones o se hacen tratos directos favoreciendo compras más caras. Adicionalmente debe modificarse el sistema de evaluación de proyectos de inversión donde el CAE no puede ser la mejor fórmula de justificación.
Hay seguramente más temas que pueden ser abordados, pero es urgente hacer algo, sobre todo cuando vemos que el dinero sobra y es tan mal invertido o derechamente malversado.