Prórrogas al Estado de Excepción, combate contra el crimen organizado e intentos para impulsar el desarrollo territorial marcaron a la Provincia de Arauco durante los últimos cuatro años de gestión. A pocas semanas del cambio de Gobierno, Humberto Toro, delegado presidencial provincial, conversó con Diario Concepción y evaluó los avances en seguridad rural, la inversión en infraestructura productiva y turística, la restitución de tierras mapuche y los desafíos pendientes para garantizar la presencia estatal en el territorio.

—Delegado, a modo de balance, ¿cómo evalúa la situación actual de la provincia y el rol que ha tenido el Estado de Excepción? ¿Debería mantenerse en el próximo gobierno?

—Arauco gritaba por tranquilidad y desarrollo. Asumí con un Estado de Excepción ya vigente, cuyo foco inicial estaba puesto en la seguridad y en el resguardo de rutas estratégicas, como la ruta 160, la P-72-S hacia Tirúa, la P-60-R hacia Contulmo y los trayectos hacia el sur de Cañete.

En el trabajo conjunto con Carabineros, la PDI, el Ejército y la Armada nos hicimos una pregunta clave: ¿para qué queríamos rutas seguras? Y la respuesta fue clara: la seguridad no podía ser un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio del desarrollo.

Por lo mismo, en la provincia de Arauco la discusión no pasa por mantener o no el Estado de Excepción como instrumento puntual de seguridad. La pregunta de fondo es si el Estado, como tal, va a seguir presente en el territorio. A mi juicio, el desafío del próximo gobierno es darle continuidad a un Estado que permanece, que no se retira una vez que baja la contingencia.

—¿Cree que el próximo gobierno está correctamente enfocado en ese mismo eje?

—No lo sé, porque todavía no conozco cuáles van a ser las políticas del próximo gobierno. Pero sí sé que lo que se ha hecho en Arauco se ha hecho de manera participativa, con la ciudadanía, los actores sociales y empresariales.

Ahora, Arauco requiere, a lo menos, cuatro periodos de gobierno de intervención permanente del Estado. Ha sido una tarea del Presidente Boric, y el próximo gobierno tendrá que darle continuidad, así como el subsiguiente y el que venga después. La invitación es a pensar una intervención de al menos 20 años.

—¿Y qué recomendación le daría al próximo delegado presidencial provincial?

—Durante años se confundió la violencia con la causa mapuche, y ese fue un error. Lo que logramos fue transparentar que gran parte de esa violencia estaba asociada a negocios ilícitos —robo de madera y narcotráfico—, donde grupos del crimen organizado se escudaban en una causa legítima para blanquear delitos. Separar con claridad la delincuencia del reclamo mapuche fue un punto de inflexión para el territorio.

—Profundicemos en los índices de violencia rural. En 2024 se hablaba de una reducción del 45 % ¿Se mantiene ese porcentaje o hay cifras más actualizadas?

—Comparando el año 2021 con el 2025, los atentados incendiarios en la provincia de Arauco se redujeron en un 92 %. En términos generales, la violencia rural bajó un 55 %, según el último dato disponible.

Cuando hablamos de atentados incendiarios, es importante entender la magnitud de lo que significaban. En esa época, un solo atentado incendiario implicaba la quema de 20, 30 o más camiones, además de maquinaria pesada y faenas completas. No eran hechos menores desde el punto de vista del daño económico ni del impacto en el territorio.

Junto con eso, se registró un aumento del 358 % en las detenciones por violencia rural, y del 194 % en las condenas de personas que cometieron este tipo de delitos.

—Pasemos a otro tema… ¿Cómo ha avanzado la restitución de tierras mapuche?

—En eso se trabajó con Conadi. El proceso inicialmente enfrentó una restricción normativa: un decreto impulsado por la exsenadora Ena von Baer (UDI), que impedía la compra de tierras en situación de conflicto.

Ante ese escenario, se desarrolló un trabajo de diálogo para reducir la calificación de “tierras en conflicto”, generando acuerdos entre comunidades y propietarios, tanto empresas forestales como particulares, lo que permitió destrabar gradualmente la compra de predios.

Paralelamente, existían casos sin títulos de merced ni antecedentes de la Reforma Agraria. Un ejemplo es Tirúa Sur, colindante con La Araucanía, donde —cuando fui gobernador— se impulsó una investigación arqueológica para acreditar la presencia histórica mapuche. La ley permite la compra de tierras en estos casos si se demuestra su carácter indígena, lo que se logró mediante hallazgos como artesanía y cementerios. Gracias a ello, hoy las comunidades de Tirúa Sur pueden adquirir tierras.

Desarrollo integral

—Más allá de la seguridad, ¿cómo evalúa el aporte estatal al desarrollo?

—Por el lado público y privado ha habido desarrollo económico-productivo. Hoy existe mayor circulante y empleabilidad. No hemos llegado aún a los porcentajes que uno quisiera, pero, comparado con lo que existía antes, el avance es claro.

El turismo es un ejemplo concreto. Ha sido un éxito en toda la provincia: en el Lago Lleu Lleu, el Lago Lanalhue, en la comuna de Arauco, etcétera. En general todas las comunas han tenido actividad.

Aparte, el rol del Estado fue entonces incorporar inversión habilitante para que esas vocaciones se tradujeran en más producción y empleo. Un ejemplo concreto de esa inversión habilitante es la ruta Curanilahue–Nacimiento, cuyo diseño ya está en ejecución, con financiamiento asegurado y una empresa desarrollando el estudio.

Esta obra permitirá no depender exclusivamente de la Ruta 160, al conectar con la Ruta 5, proyectando comercio, turismo y producción hacia el sur. Además, con la apertura del Paso Fronterizo Pichachén, se abre una proyección directa hacia el Atlántico.

Todo esto genera una dinámica virtuosa: la academia ajusta su oferta formativa, las municipalidades proyectan nuevos desarrollos y el sector privado invierte, ampliando las perspectivas de crecimiento integral del territorio.

—Al cierre de su periodo, ¿cómo evalúa su gestión, considerando los cuestionamientos hacia esta y las deudas que usted mismo identifica?

—Creo que la provincia de Arauco logró construir una mirada colectiva de desarrollo. Ahora, si uno hace una evaluación honesta del período, también tiene que reconocer deudas, y una de las más importantes fue Quidico, que logramos revertir.

Cuando llegué, Quidico era el símbolo del deterioro violento del territorio: se habían quemado 86 casas, había disparos permanentes, el cuartel de Carabineros recibía balas y el consultorio no podía funcionar. Hoy la situación es completamente distinta: volvió la fiesta del pescado frito, se realizan ferias, se construyó el muelle de embarque de los pescadores —que se inaugurará próximamente—, la gente reconstruyó sus casas y reabrieron los restaurantes.

Otro desafío fue la capacidad de inversión municipal. El problema en territorios como Arauco no es la negligencia de los gobiernos locales, sino la falta de equipos técnicos para construir carteras de proyectos sólidas y competir con comunas más grandes.

Por eso, junto a Subdere, se fortaleció a las siete municipalidades de la provincia, sin distinción, financiando entre cinco y siete profesionales técnicos en cada una. Solo con esa asistencia técnica, la cartera de proyectos de la provincia pasó de alrededor de $2.000 millones en 2021 a casi $50.000 millones al final del período.