El abrupto retiro del proyecto gubernamental que buscaba topar en $20 por litro las alzas de los combustibles dejó en evidencia una encrucijada política y económica de difícil resolución. Con incrementos que superan los $38 en las gasolinas y rozan los $42 en el diésel —en medio de la presión de los gremios del transporte—, el debate público ha girado hacia una salida aparentemente indolora: echar mano a las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Sin embargo, como advierten los especialistas desde el Biobío, ver a la estatal como una caja pagadora para contener precios es un espejismo fiscal con altos costos ocultos.

El primer error de diagnóstico consiste en asumir que las ganancias de ENAP son recursos “gratuitos” o inagotables. Sus utilidades están sujetas a la volatilidad de los mercados internacionales y a los márgenes de refinación, variables fuera del control local. Más importante aún, esos dividendos cumplen un doble rol: financian las urgentes inversiones de modernización de la propia compañía y nutren las arcas fiscales. Desviarlos para subsidiar el consumo inmediato equivale a desvestir un santo para vestir otro; es dinero que dejará de financiar áreas sociales prioritarias o que obligará a la empresa a endeudarse, comprometiendo su viabilidad futura, tal como ha ocurrido en experiencias comparadas en Latinoamérica y Asia.

Por otro lado, una rebaja generalizada —ya sea vía utilidades de ENAP o mediante la reducción transversal del impuesto específico— peca de regresividad e ineficiencia. Subsidiar indiscriminadamente el litro de combustible termina beneficiando a quienes no requieren ayuda estatal, disparando el costo fiscal. Cuando el Mepco ya ha significado un desembolso cercano a los $1,1 billones en apenas un trimestre, insistir en mecanismos universales resulta insostenible. La focalización es, por tanto, un imperativo técnico: los esfuerzos deben concentrarse en el transporte de carga, el transporte público y las pymes intensivas en diésel, sectores donde el alza se traslada directamente a la cadena de abastecimiento y al costo de la vida en regiones productivas como la nuestra.

Finalmente, esta coyuntura vuelve a desnudar nuestra vulnerabilidad estructural frente a los combustibles fósiles. Los mecanismos de estabilización y las medidas tributarias de emergencia, como la postergación de pagos provisionales o del IVA, son apenas analgésicos necesarios para contener la fiebre del momento, pero no curan la enfermedad. La verdadera solución de largo plazo exige acelerar la transición energética, incentivando la electromovilidad y desplegando infraestructura de carga real en regiones y rutas interurbanas. Utilizar a ENAP como escudo permanente de precios artificialmente bajos no solo debilita a una empresa estratégica, sino que posterga las transformaciones de fondo que Chile necesita con urgencia.