El desplome de la Municipalidad de Concepción en el último ranking de transparencia activa elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) no es un tema menor. Caer desde el respetable puesto 68 (con un 91,7%) hasta la alarmante posición 303 a nivel nacional (con un 73,5%) en apenas dos años constituye un llamado de atención severo que la administración comunal no puede dejar pasar.

El argumento municipal de que se trató de una “fotografía acotada en el tiempo”, coincidente con reestructuraciones internas entre marzo y abril, y que las observaciones fueron subsanadas con posterioridad es, cuanto menos, insuficiente.

La Ley de Transparencia no es una prueba de suficiencia a la que se asiste solo cuando el fiscalizador llama a la puerta; es una obligación permanente y un estándar indelegable de probidad.

Las reacciones desde el Concejo Municipal y desde la Asociación de Funcionarios (Afum) apuntan al corazón del problema. Por un lado, la crítica de los concejales evidencia una flaqueza en el control político y en la supervisión de los procesos internos. Por el otro, el llamado de los trabajadores municipales pone sobre la mesa una realidad estructural insoslayable: exigir altos estándares de probidad y apertura digital es indispensable.

El contraste con otras comunas del Gran Concepción, donde vecinas como Talcahuano, San Pedro de la Paz o Penco exhiben cumplimientos sobresalientes por sobre el 95%, demuestra que la eficiencia en la vitrina pública sí es posible cuando existe planificación y prioridad institucional.

Concepción aspira con justicia a posicionarse como el motor político, económico y cultural del sur del país. Sin embargo, toda ambición de liderazgo regional flaquea cuando los estándares de rendición de cuentas tropiezan en los trámites más básicos de cara a la ciudadanía.