La presencia de personas en situación de calle con cuadros graves de descompensación psiquiátrica en el centro de Concepción ha dejado de ser solo una tragedia humana silenciosa para transformarse en una crisis de convivencia y seguridad pública. Episodios recurrentes de violencia verbal, agresiones y vandalismo contra el patrimonio de la ciudad —como los daños al montaje del Museo del Prado o a la icónica escultura de Condorito— exponen las grietas de un sistema estatal incapaz de ofrecer respuestas oportunas, integrales y duraderas.

El diagnóstico de la comunidad penquista es concluyente. Desde sectores emblemáticos como la Plaza Perú, el Barrio Cívico y el Parque Ecuador Sur, los dirigentes vecinales relatan cómo el temor cotidiano ha alterado la vida comunitaria. Los vecinos se ven obligados a cruzar la calle, esquivar veredas o permanecer en alerta constante ante el riesgo de crisis violentas e impredecibles. Sin embargo, culpar de esta situación a personas que padecen un severo deterioro psiquiátrico es ignorar la raíz del problema: el desamparo estructural en el que sobreviven y la rigidez de un entramado administrativo que parece diseñado para la inacción.

La normativa vigente, respaldada por la Ley 21.331 y el Código Procesal Penal, busca con justa razón proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales, regulando la hospitalización involuntaria únicamente ante un “riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física”. No obstante, en la práctica, el andamiaje legal se convierte en un laberinto burocrático donde se cruzan la Seremi de Salud, los Servicios de Salud, los Tribunales de Familia, el Ministerio Público, Carabineros y los municipios. Esta dispersión de responsabilidades provoca que, tras movilizar cientos de horas profesionales para lograr una internación de urgencia, el paciente sea dado de alta a los pocos días, retornando al mismo entorno degradado y sin un plan real de seguimiento.

El gran nudo ciego de la legislación actual radica en que los daños a la propiedad o el deterioro del espacio público no habilitan por sí solos una medida de contención sanitaria o judicial. Es necesario esperar a que se consume una agresión física o un delito flagrante para que las instituciones reaccionen. Esta lógica reactiva castiga por igual a la ciudadanía —que ve erosionada su seguridad— y al propio paciente, quien queda privado de un abordaje médico continuo hasta que la crisis escala a niveles dramáticos.

El Gran Concepción no necesita más mesas de trabajo ni peloteos de competencias entre ministerios; requiere una estrategia territorial articulada de salud mental y la creación de dispositivos de acogida e internación de mediana y larga estancia. Proteger la dignidad de quienes vagan descompensados por las calles y resguardar la tranquilidad de los barrios son dos caras de la misma moneda. Si el Estado no es capaz de ofrecer un acompañamiento real más allá de la urgencia médica, el espacio público seguirá siendo el reflejo de un abandono institucional insostenible.