La asignación de nuevas responsabilidades a las administraciones locales en materia de prevención, fiscalización y resguardo territorial pierde su sentido práctico cuando no viene acompañada de las herramientas normativas y financieras idóneas para su implementación.

La reciente propuesta impulsada por el Ejecutivo para modificar la Ley de Seguridad Municipal aborda de manera directa un nudo crítico que hasta ahora limitaba la capacidad operativa de las distintas municipalidades del país y que son las restricciones presupuestarias impuestas a la contratación de personal especializado.

El subsecretario Guerrero explicó que el objetivo central de este proyecto es corregir a tiempo los aspectos que pudiesen fallar durante la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. “Perfeccionar estas leyes no es un ajuste técnico menor, es la base sobre la cual se sostienen los resultados en seguridad que las familias chilenas esperan ver”, resaltó.

En el marco legal vigente, las administraciones municipales deben convivir con un marco rígido que prohíbe que el gasto anual destinado al personal exceda el 42% de los ingresos propios percibidos. Si bien este parámetro técnico fue concebido originalmente con el propósito de resguardar la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales, para la ley terminó convirtiéndose en un obstáculo administrativo severo.

Al excluir expresamente de dicho límite presupuestario las remuneraciones y asignaciones vinculadas al personal que desempeña funciones operativas de seguridad pública, el proyecto de “ley corta” entrega el margen de maniobra necesario para que las comunas fortalezcan sus equipos.

De forma complementaria, la iniciativa contempla la simplificación de trámites para la obtención de licencias de emergencia y la adecuación de sus plazos de vigencia, ajustes normativos indispensables para reducir los tiempos burocráticos de implementación y asegurar un despliegue territorial oportuno.

La respuesta favorable manifestada por alcaldes y congresistas de la Región del Biobío refleja un consenso amplio y necesario: la delegación de atribuciones debe mantener una estricta coherencia con las facultades de gestión y los recursos disponibles. No resulta viable exigir un rol activo en la prevención del delito si los municipios se ven imposibilitados de contratar e implementar el contingente técnico que dicha labor requiere.

El respaldo transversal a estas adecuaciones técnicas debe materializarse ahora en un debate parlamentario expedito y libre de dilaciones. Las urgencias que enfrentan los barrios en materia de tranquilidad pública no pueden quedar sujetas a restricciones administrativas que distorsionan el objetivo final de las leyes. Avanzar decididamente en esta tramitación es un paso concreto para transformar las atribuciones legales en una presencia preventiva visible, coordinada y efectiva dentro de las comunas