El envejecimiento de la población chilena plantea desafíos crecientes para las políticas públicas y garantizar una vejez digna implica también asegurar entornos seguros.
Las tragedias ocurridas en hogares de larga estadía para personas mayores del país vuelven a instalar una pregunta que es incómoda, pero igualmente necesaria, respecto de si están realmente preparados estos recintos para enfrentar una emergencia que puede desarrollarse en minutos y tener consecuencias fatales.
El devastador incendio registrado recientemente en uno de estos inmuebles en Pitrufquén, que cobró la vida de 16 personas, remeció al país y volvió a prender una alerta sobre las condiciones de seguridad. La preocupación es aún mayor a nivel local cuando se revisan los antecedentes existentes en el Biobío, una región que conoce de cerca el impacto de este tipo de tragedias.
De acuerdo con lo publicado por Diario Concepción, durante los últimos años, la zona ha enfrentado episodios que evidencian la vulnerabilidad de quienes residen en estos establecimientos. Los incendios de Cañete, en 2011, y de Chiguayante, en 2018, dejaron un saldo conjunto de 19 personas fallecidas. Más recientemente, en 2023, otro siniestro afectó al hogar Hermanitas de los Pobres de Concepción, aunque en esa oportunidad la oportuna evacuación evitó consecuencias fatales.
En todo caso, las cifras entregadas por las autoridades muestran una institucionalidad que ha sido activa en las fiscalizaciones. En lo que va del año, la Seremi de Salud ha realizado decenas de intervenciones y mantiene sumarios en curso cuando corresponde. Asimismo, desde Desarrollo Social se informó que los establecimientos vinculados a la red Senama cuentan con planes de emergencia y protocolos actualizados.
Sin embargo, la discusión de fondo no debe agotarse en el cumplimiento administrativo de una norma, sino que el gran desafío es determinar si los estándares actualmente vigentes son suficientes para responder a una realidad que cambia aceleradamente. Los Eleam albergan a personas con distintos grados de dependencia física, cognitiva y funcional. En muchos casos, se trata de residentes que no pueden evacuar por sí solos ante una emergencia.
En ese contexto, resulta particularmente relevante la advertencia formulada por expertos en gestión de emergencias. Como planteó el académico Paolo Fregonara, “la realidad normativa sigue siendo insuficiente, pues no exige ningún sistema adicional a simples extintores portátiles, considerando que en estos recintos permanecen personas no valentes o extremadamente vulnerables frente al riesgo de incendio”.
Así, el envejecimiento de la población chilena plantea desafíos crecientes para las políticas públicas y garantizar una vejez digna implica también asegurar entornos seguros. Las tragedias de ayer y de hoy no pueden transformarse únicamente en estadísticas ni en llamados de atención transitorios. La protección de las personas mayores exige revisar permanentemente los estándares disponibles y anticiparse a los riesgos.