El buen estado, cuidado, respeto y valorización de territorios naturales vuelve a la agenda pública. La Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley que busca suspender la incorporación de nuevos Sitios Prioritarios para la Conservación mientras no se publique el reglamento contemplado en el artículo 29 de la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La iniciativa, que ahora regresará a comisiones para un segundo informe debido a la presentación de indicaciones, surge en medio de un debate, donde sectores como Alto Biobío, Nahuelbuta, Villucura, Nonguén, Isla Mocha y Tubul-Raqui figuran entre las zonas que podrían verse involucradas en procesos de conservación bajo la nueva institucionalidad ambiental.

La discusión se produce en un contexto marcado por la implementación de la denominada Ley para la Naturaleza, promulgada en 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La normativa busca concentrar en una sola institucionalidad la gestión de áreas protegidas y fortalecer las herramientas del Estado para la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la aplicación plena de la ley depende de una serie de reglamentos que todavía no han sido dictados. Entre ellos figura precisamente el reglamento que debe establecer los procedimientos y criterios técnicos para determinar cuáles territorios podrán ser declarados sitios prioritarios para la conservación.

El debate se intensificó luego que el Ministerio del Medio Ambiente inició una consulta pública relacionada con sitios prioritarios identificados bajo normativas anteriores, los cuales pasarían a regirse por la nueva legislación. El proceso involucra más de tres millones de hectáreas a nivel nacional.

Los impulsores de la moción sostienen que avanzar en estas recalificaciones sin contar con los reglamentos correspondientes podría generar incertidumbre jurídica y conflictos en los territorios, considerando que las futuras declaratorias podrían tener efectos sobre el uso de suelo y distintas actividades económicas.

La celeridad de esta discusión debe ser el norte. El poder establecer lo antes posible los requisitos y condiciones debe ser una prioridad. En tiempos de desgaste del medio ambiente, el poder contar con zonas con total resguardo toma más valor que nunca y las instituciones deben responder sobre aquello.