La ola de casos de amenazas en escuelas, colegios y liceos del país y de la zona parece que tuvo un cese. Lo advertían especialistas: mucho de esto podría tener su origen en un efecto propio de la imitación y el desafío sobre el control y poder del entorno, con un alcance en el tiempo más bien pasajero que permanente.

Lo anterior no quita méritos a reforzar toda posición proactiva y de alto cuidado. En este sentido es que el Slep Andalién Costa (Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana), generó un texto con las orientaciones y recomendaciones hacia los directores o directoras de establecimientos educacionales y jardines infantiles que lo integran, para enfrentar con pertinencia este tipo de casos.

El documento que elaboraron indica, en primera instancia, que el Servicio ha desarrollado gestiones con seremis, policías, municipios y redes de apoyo para abordar estas situaciones.

El alcance de este mensaje involucra a funcionarios, directivos y la comunidad educativa en general. Su objetivo es plantear cómo reaccionar ante acciones como: rayados con mensajes de amenaza, mensajes escritos, verbales o digitales de posibles agresiones, publicaciones en redes sociales que generen alarma, amenazas directas o indirectas y otras situaciones que afecten la seguridad.

Como contexto definen que “se entenderá por amenaza escrita toda manifestación física o digital (rayados, mensajes, redes sociales, etc.) que pueda poner en riesgo la integridad física o psicológica”.

El procedimiento de actuación desde los recintos debería contemplar la detección del mensaje, el aviso de inmediato sin manipulación de la evidencia. Luego registrar la evidencia mediante fotografía con fecha, hora y lugar.

Posterior a eso, viene la evaluación de la gravedad por parte del equipo directivo para activar los protocolos del establecimiento, la correspondiente comunicación al sostenedor y a las autoridades que sean necesarias.

En el caso de que el autor de la amenaza sea identificado, las sanciones deberían ser: la posible aplicación de Ley Aula Segura (expulsión/cancelación matrícula), la denuncia obligatoria a Carabineros, la suspensión inmediata y acciones formativas posteriores.

Si el responsable del mensaje no es identificado, corresponde la denuncia. En todos los casos es necesaria la realización de contención emocional a la comunidad afectada.

Lo hecho por esta institución debe servir como ejemplo para el resto de los actores de la educación. Pues es reflejo de la toma de decisiones inmediatas una vez que se activó una crisis nunca antes vista y de suma gravedad.