Esto marca un precedente importante a nivel de sociedad. La protección a la familia y a los menores se presenta como algo robusto.
Fueron décadas en que el escuchar y/o conocer casos cercanos sobre menores que no recibían algún tipo de ayuda económica por parte de sus padres, era una cuestión natural y hasta interiorizada dentro de la población, en general.
Si bien el sentimiento de remordimiento, duda hacia ese tipo de situaciones siempre estuvo presente, poco se hacía como sociedad para poder revertir esta situación y con ello sus consecuencias.
Sin embargo, ahora , eso comienza a quedar atrás mediante la nueva normativa que ya entró en vigencia en nuestro país y que se hace cargo de enfrentar todo lo anterior.
Desde el 20 de mayo rige la Ley N° 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas y Pensiones de Alimentos.
Una que en la Región del Biobío se puede dimensionar mediante los siguientes datos oficiales: Son 7 mil 800 los deudores de alimentos en la Región del Biobío. Se trata de 7 mil 590 hombres y 210 mujeres, según las cifras del Registro Civil.
En este sentido, la deuda se traduce en más de $7 mil millones, y con la nueva ley debería comenzar a disminuir gracias a los nuevos procedimientos que se incorporan para retener el dinero.
Además, en los seis meses de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos hay más de 80 mil deudores a nivel nacional,siendo la Región del Biobío la tercera con más número de personas que incumplen.
Por otra parte, desde la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Biobío detallaron que el 2022 se atendieron en orientación e información 11.010 casos por alimentos; y en lo que va de este año 2023 llevan 4 mil 472 de esas mismas atenciones.
Algunos de los puntos que establece la normativa es que establece un mecanismo para cumplir con las deudas de pensiones de alimentos de forma permanente entregando, incluso, al Estado la misión de investigar las cuentas bancarias o documentos financieros de quienes adeudan la pensión.
Sin duda esto marca un precedente importante a nivel de sociedad. La protección a la familia y a los menores se presenta como algo robusto y con vocación clara de defender cosas tan simples como el tener los medios necesarios para cubrir necesidades básicas.