La pena por este delito es alta y, pese a ello, la acción humana sigue latente. ¿Dónde está la falla? ¿Falta más mano dura? ¿Sin denuncia no se avanza en las indagaciones?
Autoridades regionales y comunales -que se han visto afectadas por incendios forestales– realizan insistentes llamados a la ciudadanía para que denuncie cuando son testigos de acciones intencionales en la generación del fuego.
Durante la última emergencia regional, con más de 5 mil hectáreas afectadas en Nacimiento y Santa Juana y 45 viviendas y una escuela quemada, daño a puentes, la delegada presidencial, Daniel Dresdner, realizó el mismo llamado a la ciudadanía.
“Para que esta situación no se vuelva a producir, necesitamos de toda la ciudadanía. Acá hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. Van a haber temperaturas altas nuevamente durante esa semana, por lo tanto, lo resguardos que haya que tener con las franjas de cuidado, con los patios, mantenerlos limpios de maleza (…) Pero también, si ven a alguien haciendo incendios a propósito, por favor, denunciarlo inmediatamente, porque aquí hay que perseguir a las personas que producen estos incendios y eso será una labor central de nuestro Gobierno”, dijo la autoridad regional en su último balance de los incendios.
Recordemos también que, para la emergencia ocurrida en Viña del Mar, a mediados de diciembre, también se apuntó a la intencionalidad del incendio, que dejó cuantiosas pérdidas.
De acuerdo a un reporte de Conaf a la Comisión de Agricultura, cuya presentación fue a fines del año pasado, respecto de la causalidad de 1.890 incendios forestales totales para la temporada 22/23, el 51% sería accidental (925); el 33%, intencional (598); y el 16%, desconocida (287). Sin embargo, y junto con los llamados a denunciar, es que también haya resultados respecto de la investigación policial para ubicar a los responsables de los siniestros y se les castigue penalmente.
La normativa señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados (de 5 años y un día a 20 años de cárcel) a quien incendie bosques, mieses (sembrados), pastos, montes, cierros (cercos), plantíos o formaciones xerofíticas contempladas en la ley sobre recuperación del bosque nativo (Ley Nº 20.283). Se aplicará el mismo rango de penas al que provoque un incendio que afecte gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. La pena por este delito es alta y, pese a ello, la acción humana sigue latente. ¿Dónde está la falla? ¿Falta más mano dura? ¿Sin denuncia de la gente no se avanza en las indagaciones? Aquí, hay algo que las autoridades deberían explicar.