Las crisis en la salud pública penquista rara vez llegan de improviso; más bien, suelen tocar la puerta —o en este caso, desbordar el zócalo— tras años de avisos ignorados. La reciente emergencia en el Hospital Traumatológico de Concepción, donde una inundación dejó pérdidas estimadas en más de 400 millones de pesos en insumos y medicamentos, no es solo una desgracia climática. Es la radiografía de una gestión institucional profundamente debilitada.

Los gremios de la salud llevan meses advirtiendo sobre dos flancos críticos que hoy convergen peligrosamente: la nula anticipación logística ante eventos meteorológicos y un clima laboral asfixiante. Resulta inaceptable que un recinto de alta complejidad sufra el colapso de sus desagües y la pérdida de material estéril y quirúrgico vital por la simple omisión de medidas preventivas básicas. Cuando el agua supera el metro de altura en zonas estratégicas que resguardan hasta el generador eléctrico, el problema deja de ser la lluvia y pasa a ser una dificultad de gestión.

A este ecocataclismo operativo se suma la grave denuncia de hostigamiento y malos tratos sostenidos por parte de la dirección encabezada por Edwin Ñanco. La salud pública no puede sostenerse sobre la descalificación, el menoscabo a los profesionales y el silencio administrativo ante los requerimientos de la Fenats y la Fenpruss. La gestión de personas importa tanto como la de recursos; ignorar el bienestar psicosocial de los funcionarios es condenar al colapso la atención de los propios pacientes.

El Servicio de Salud Concepción tiene la obligación de romper el hermetismo y abrir investigaciones rigurosas. La comunidad penquista merece respuestas claras y autoridades capaces de cuidar tanto los recursos fiscales como la dignidad de quienes sostienen el sistema a pulso.