¿Quién garantizará y cómo se garantizará el cumplimiento del contrato de concesión? En caso de incumplimientos y problemas con la concesionaria, ¿otra vez se utilizarán recursos públicos para recuperar la ruta? A la futura concesionaria, ¿seguirá el Estado entregando compensaciones en caso de un bajo flujo de vehículos en los peajes? Son preguntas cuyas respuestas deberían estar resueltas antes de iniciar el proceso de licitación.
La Ruta de la Madera vuelve a figurar en el debate público, tras varios hitos en casi treinta años en operación. La puesta en marcha en 1994 representó un cambio significativo en las políticas viales, puesto que fue la primera carretera concesionada del país. Desastres naturales, cortes de ruta y muchos accidentes con fallecidos marcaron los 108,7 km de la vía que llegó a ser calificada como la “Ruta de la Muerte”. Por incumplimientos y mal estado del camino, en 2013 el Ministerio de Obras Públicas puso fin anticipado al contrato de concesión. Fue el primer caso de ese tipo en la historia de las concesiones en Chile.
Ahora, según anticiparon desde el MOP, hay interés del Estado en licitar la ruta para entregarla a un actor privado. Lo anterior obliga a recordar el proceso en que la vía pasó a manos del Estado: hubo duros cuestionamientos por el precio final que superó las 700 mil UF, monto pagado por el Estado en el gobierno de Sebastián Piñera para retomar el control de la ruta. En la administración anterior (Michelle Bachelet), el valor estudiado y propuesto apenas superaba las 400 mil UF. La diferencia es muy significativa y alcanza los 9.8 mil millones de pesos en valores actuales. Se espera entonces que una nueva licitación considere el valor actual del camino, que incluso ha recibido cuantiosas inversiones por parte del MOP desde 2013.
En el proceso para una nueva licitación, hay otro elemento a ser considerado: es imprescindible garantizar en contrato que la concesionaria cumpla con lo establecido. La historia de la Ruta de la Madera no entrega buenos antecedentes al respecto, dado que hubo severos incumplimientos por la concesionaria y para remate el Estado pagó un sobreprecio para recuperar el control de la vía. Era un camino estatal que pasó a manos de privados, luego volvió al Estado y ahora regresaría al control de privados. En eso tampoco hay registro en materia de licitaciones y concesiones viales en Chile.
¿Quién garantizará y cómo se garantizará el cumplimiento del contrato de concesión? En caso de incumplimientos y problemas con la concesionaria, ¿otra vez se utilizarán recursos públicos para recuperar la ruta? A la futura concesionaria, ¿seguirá el Estado entregando compensaciones en caso de un bajo flujo de vehículos en los peajes? Son preguntas cuyas respuestas deberían estar resueltas antes de iniciar el proceso de licitación.