Si bien hay divergencias respecto a temas de fondo –como las subastas, asignaciones y licencias – la moción enviada a la Cámara Baja materializa avances que incluso son recomendados por organizaciones internacionales, como la FAO.
Un profundo cambio en la institucionalidad pesquera nacional debería entrar en vigencia este 2022. Fue despachada por el Senado a la Cámara una moción que incorpora, como objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la sostenibilidad económica y social del sector. Asimismo, a través de los cambios en la LGPA se visibilizará al personal embarcado y de plantas de proceso vinculados al sector industrial, reconociendo las diferentes realidades e intereses de las macrozonas de todo Chile.
La actividad pesquera tiene una importancia decisiva para la economía nacional y para miles de hogares que dependen de actividades relacionadas. La pesca es la segunda mayor industria del país, luego de la minería, y mueve miles de trabajos directos e indirectos. En Biobío, el sector pesquero aporta con más de 10.000 empleos, considerando los 4 mil puestos de trabajo de la pesca artesanal en la temporada de sardina y anchoveta y los 6.500 empleos que generan la industria.
De ese modo, las modificaciones en la LGPA tendrán un impacto importante en miles de familias de todo el país, de modo a consolidar una adecuada política pesquera destinada a impulsar el desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles. Es decir, se aplica el concepto de la pesquería como una actividad centrada en el desarrollo sostenible en todos su aspectos, tanto para la generación de productos para consumo humanos como también la preocupación con trabajadoras y trabajadores de ese sector económico. El texto es preciso al respecto: “Reformula conceptos aplicables a la Ley General de Pesca como: industria pesquera; trabajador y trabajadora de la industria pesquera extractiva; trabajador y trabajadora de la industria de procesamiento; y trabajador y trabajadora del sector acuícola”.
Si bien hay divergencias respecto a temas de fondo –como las subastas, asignaciones y licencias – la moción enviada a la Cámara Baja materializa avances que incluso son recomendados por organizaciones internacionales, como la FAO. Se refuerza que los recursos pesqueros son de soberanía estatal y se considera un registro pesquero artesanal con variables de los territorios. Además, se reconoce el rol de la mujer en la pesca y en la cadena de valor de la pesquería artesanal, se crea una plataforma social y se consagra la movilidad de los tripulantes, entre otras normas que modernizan la legislación chilena para el mundo pesquero.