Definitivamente, es necesaria una ley que aborde esa materia, especialmente para las familias más vulnerables. Es decir: una normativa destinada a los usuarios hasta un determinado nivel de consumo.
Avanza con celeridad en el Senado la propuesta de subsidio a las cuentas vencidas de agua potable y electricidad. Según los parlamentarios que impulsan la moción, se pretende sacar una ley durante enero, de modo a entregar una solución de fondo a cerca de 600 mil morosos que acumularon boletas impagas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021.
De hecho, a raíz de la crisis económica generada por la pandemia, se publicó una ley para evitar el corte de los suministros que pudieran ocurrir debido a las deudas de los usuarios de servicios básicos. Con prórrogas sucesivas, la norma vence el 30 de enero. Una prórroga de la ley vigente no sería una solución para las familias afectadas, sino que otro paliativo más y es por ello que los legisladores han buscado una fórmula consensuada con los ministerios de Obras Públicas y de Energía.
A su vez, en la Cámara Baja se tramita una moción que dispone la extensión de la ley vigente en un año para impedir los cortes.
Definitivamente, es necesaria una ley que aborde esa materia, especialmente para las familias más vulnerables. Es decir: una normativa destinada a los usuarios hasta un determinado nivel de consumo. La idea es apoyar a quienes han enfrentado dificultades. Los grandes consumidores, las empresas y organizaciones de alto consumo deberían quedar fuera del beneficio entregado por el Estado. La moción en el Senado establece que podrán postular al beneficio estatal aquellos que consuman un máximo de 15 metros cúbicos (equivale a un 73% de los deudores) y 250 kw/h (corresponde a un 75% de los morosos) al mes. Estos niveles de consumo, sin embargo, son motivo de debates y podrían ser modificados. La moción que tramita en el Congreso establece una prórroga hasta el 31 de marzo a la actual ley, de manera que los usuarios tengan más plazo para pactar un plan de pago con las compañías proveedoras de los servicios.
Es de vital importancia diferenciar a los usuarios para el beneficio de la ley. Apoyar en el pago de los servicios básicos de una familia que ha visto mermar sus ingresos tiene una connotación de solidaridad. Es una realidad distinta al incumplimiento de los grandes consumidores y la ley debe separar aguas para no que el Estado no pase a financiar situaciones cuestionables.