Más allá de la convicciones y disputas de poder, da la impresión que apoyar una opción distinta a la del partido o del bloque, se ha transformado en una práctica legitimada.
Uno de los temas que ha marcado la agenda política en las últimas horas, se relaciona con la decisión de la directiva nacional de RN, de pasar al Tribunal Supremo al diputado del Biobío Leonidas Romero. Ello, luego que el legislador manifestara abiertamente su intención de apoyar la candidatura presidencial del republicano, José Antonio Kast, pese a que la opción del partido es otra, el independiente, Sebastián Sichel.
La acción de remitir los antecedentes a un tribunal partidario parece ser particular, no así lo que los analistas políticos llaman “apoyos cruzados”. La diputada Francesca Muñoz, compañera de bancada de Romero, dijo no entender la determinación de la colectividad, pues no se actuó de la misma forma en la primaria presidencial del bloque, cuando un grupo de militantes del partido de la estrella (entre ellos, el presidente regional, Claudio Eguiluz, y el ex timonel del Core, Patricio Lara) realizó campaña por Sichel, en desmedro de la carta de la colectividad, el exdiputado, Mario Desbordes.
Se entiende que detrás de estas declaraciones y acciones políticas hay diferencias de liderazgos, y más allá de las convicciones, éstas también responden a una disputa de poder interno, no obstante, igual da la sensación que esta práctica ha cobrado legitimidad entre quienes son parte de la clase política.
Apoyar a un candidato o candidata que no es parte del acuerdo partidario o del bloque, no es nuevo, y este año ha sido evidente. Solamente hace unos días la ex diputada socialista, Clemira Pacheco, se reunió con el presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pese a que el PS tiene a la senadora, Yasna Provoste, como carta a La Moneda.
Qué decir de lo ocurrido en la megaelección de mayo, cuando el actual gobernador regional, Rodrigo Díaz, recibió el apoyo de tres alcaldes de la provincia de Concepción, identificados con la Unidad Constituyente (y por añadidura con la carta del bloque Eric Aedo). En San Pedro de la Paz, quien fuera concejal del PPD, Juan Jiménez, trabajó con el actual alcalde, Javier Guíñez, no así con la opción de su partido, Andrea Muñoz. Los ejemplos son muchos y variados.
Entonces, más allá de la libertad que reclaman y exigen quienes han realizado este tipo de prácticas, cabe preguntarse, si esto también no es una “vieja práctica” que debiera ser parte del pasado.