Las normativas que apuntan a la descentralización son urgentes, pero corresponde a las regiones ejercer fuerza para lograr que las oportunidades del país se distribuyan de modo equitativo.
Parlamentarios de Biobío han propuesto una pausa en la tramitación de iniciativa que perfecciona la actual ley de Descentralización, conocida como “ley corta”, como también para el proyecto de ley para la “Descentralización Financiera” de los gobiernos regionales. La llamada “ley corta” fue votada este martes en general en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, mientras que la segunda iniciativa (que alguna vez se conoció como Ley de Rentas Regionales) se encuentra en el Senado.
Ambas normativas son parte de las demandas de las regiones, que anhelan mayor autonomía administrativa y financiera. Varios esfuerzos se hicieron en los últimos meses con el objetivo de convertir los proyectos en leyes promulgadas. De hecho, casi un año ha pasado desde que el Gobierno ingresó al Congreso los proyectos de “ley corta” y de descentralización financiera. ¿Por qué entonces estarían los parlamentarios tratando de frenar el avance de dos iniciativas de gran interés para las regiones?
En simples, porque hay disconformidad con ambas normativas, puesto que no solucionan los problemas que las regiones han señalado en forma reiterada, desde la asignación y administración de recursos hasta las definiciones de competencias y distribución de responsabilidades en los gobiernos regionales.
Hubo un innegable avance en la adquisición de mayor autonomía por parte de las regiones con la elección popular de la máxima autoridad regional. Y en algo se avanzó en el traspaso de competencias. Pero es notorio que las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional no se establece de manera clara un mecanismo de seguimiento y evaluación del ejercicio de las competencias transferidas desde un ministerio o servicio público hacia los gobiernos regionales. Siguen materias pendientes como las atribuciones y competencias del delegado presidencial, que son exclusivas, mientras que la autoridad regional elegida por la ciudadanía deberá compartir sus atribuciones y competencias.
En síntesis, las normativas que apuntan a la descentralización son urgentes, pero corresponde a las regiones ejercer fuerza para lograr que las oportunidades del país se distribuyan de modo equitativo. De lo contrario, la normativa aprobada repetiría los defectos y vicios que supuestamente pretendía eliminar.