La preocupación de académicos y legisladores es que las tecnologías puedan inducir, manipular y condicionar las tomas de decisiones de los seres humanos.
La Comisión del Futuro del Senado aprobó, por unanimidad, una reforma constitucional para proteger “la integridad física y psíquica de las personas y la privacidad de sus datos neuronales, en relación con el uso, investigación y desarrollo de las neurotecnologías”. Con la decisión, Chile ha marcado posición como el primer país que legisla para proteger los neuroderechos, buscando resguardar la privacidad mental, la intimidad y la identidad individual contra “la intromisión y manipulación de terceros” por vía de las neurotecnologías. Por un lado, se tramita una reforma constitucional (N°13827-19), que crea los neuroderechos y los integra a la Carta Fundamental, y también un proyecto de ley (N°13827-19) que protege la integridad mental y el libre albedrío.
Las dos iniciativas tienen detractores. Entre las principales críticas, se acusa a los legisladores de impulsar una propuesta de regulación sin conocer los detalles de la materia, y también censuran el hecho de que el legislativo crea los “neuroderechos” y les otorga garantía de derechos humanos. Juristas han señalado que la privacidad de la mente ya es parte de los derechos humanos. Se alude, además, a la necesidad de crear mecanismos para diferenciar posibles amenazas de las nuevas tecnologías de aquellos avances tecnológicos orientados a mejorar al ser humano, como la ingeniería genética y la robótica.
Pese a los reproches, la iniciativa ha sido celebrada por naciones que siguen el desarrollo del texto legal en Chile. El objetivo es no llegar tarde, sostienen países de Europa y Norteamérica, puesto que grandes compañías invierten millones de dólares en neurotecnologías e inteligencia artificial, como Facebook, Microsoft, Neuralink de Elon Musk y un gran número de universidades. Las millonarias inversiones incluyen desde la comunicación del cerebro con los computadores, otras máquinas y vehículos, hasta monitorear y medir el nivel de concentración o el estrés de los conductores del transporte público.
La preocupación de académicos y legisladores es que las tecnologías puedan inducir, manipular y condicionar las tomas de decisiones de los seres humanos. Y argumentan que en parte eso ocurre al día de hoy, por ejemplo, a través de los algoritmos que “aprenden” los gustos, decisiones y hábitos de los usuarios con sus smartphones. Es decir, la iniciativa en Chile solamente traslada los desafíos de la comunidad científica y civil al contexto legislativo. Es importante adelantarse para evitar que un déficit regulatorio se traduzca en riesgos para los seres humanos.